El grupo de gobierno de Santa Cruz de Tenerife, conformado por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y la concejala no adscrita Evelyn Alonso, no ejercerá la acción penal por el caso Emmasa. El alcalde de la ciudad capitalina, José Manuel Bermúdez, ha impedido con su voto de calidad que el Ayuntamiento ejerza como acusación particular en las diligencias previas del Juzgado de Instrucción Número 3 de la capital isleña contra el exalcade Miguel Zerolo, en la actualidad en prisión por el caso Las Teresitas, y a Pablo Abril Martorell Fernández, ex consejero delegado de Emmasa, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la operación de privatización del servicio del agua.
CC, salvo una concejala que no acudió a la sesión, PP y Alonso votaron en contra y la oposición respaldó la moción presentada por Unidas Podemos para que el Consistorio defendiera los intereses de la ciudadanía. El resultado fue un empate a 13 y el alcalde José Manuel Bermúdez ejerció su voto de calidad para rechazar la iniciativa, según relata la concejala del PSOE, Patricia Hernández. Pocos días antes de esta sesión, el Ayuntamiento anunció en un comunicado que se personaría como actor civil, justificando esta decisión en base a un informe de los servicios jurídicos.
A juicio de Patricia Hernández, este argumento “es ridículo” porque los servicios jurídicos informan sobre qué acciones entran dentro de la legalidad, y en este marco también cabía la posibilidad de ejercer la acción penal. “Bermúdez debe responder a qué tiene miedo cuando no quiere ejercer la acusación que le ofrece la jueza y que está ejerciendo Unidas Podemos y la Fiscalía”, ha añadido. Además, recuerda que “no solo no quiere acusar, sino que aún no ha acudido al juzgado de lo Mercantil a pedir que se devuelva lo indebidamente cobrado y anular el acuerdo”, a pesar de que el Consejo Consultivo avaló esta medida cuando Hernández era la alcaldesa.
Fue bajo su fugaz mandato en el gobierno municipal tras las elecciones del pasado 2019, que puso un paréntesis a 40 años de gobierno de CC, cuando se descubrió la operación. En diciembre de 2005, el Ayuntamiento gobernado entonces por Zerolo adjudicó a la empresa Sacyr la gestión del ciclo integral del agua en Santa Cruz de Tenerife durante 25 años a cambio del abono de 59 millones de euros por el canon para gestionar la infraestructura pública y 1,27 millones por la adquisición de 212 acciones de Emmasa. Dos años después, el consejo de administración de la empresa municipal decidió devolver a la multinacional el dinero desembolsado pagando 2,3 millones de euros cada año.
Toda este entramado salió a la luz en 2018, cuando Emmasa reclamó al Ayuntamiento una subida de la tarifa del agua para los vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife. Tras los informes de los técnicos del Ayuntamiento durante el gobierno socialista que confirmaron que los pagos se habían estado produciendo al margen del pliego de condiciones del concurso, se decidió paralizar los pagos millonarios, que ya rondaban los 30 millones de euros. Y Unidas Podemos denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y en el juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife.
Poco después de retornar a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por la moción de censura presentada junto al PP y a la concejala expulsada de Ciudadanos, Bermúdez aseguró que nunca tuvo conocimientos de estos pagos y el grupo de Gobierno rechazó abrir una comisión de investigación al respecto. Sin embargo, durante el mandato de Hernández, el segundo teniente de alcaldesa y concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, José Ángel Martín, desveló que el Consistorio sabía que los pagos se producían desde 2017, cuando el actual alcalde de Santa Cruz gobernaba.
Ese año, una auditoría reveló que los 2,3 millones de euros al año se abonaban sin un título habilitante o que lo justificara. Y explicó que el consejo de administración de Emmasa acordó desde 2007 desembolsar las cantidades sin intervención de ningún órgano municipal, entendiéndolo como si fuera la devolución de un préstamo. Pero el Ayuntamiento corroboró que no existe ningún tipo de documento que permita a Sacyr recuperar el dinero que pagó para hacerse con la compañía.
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