Un negocio multimillonario, sin riesgos y sin gastar un euro. La multinacional española Sacyr ya ha recuperado, gracias a una devolución ilegal autorizada por Coalición Canaria (CC) en 2007, la mitad de lo que le costó quedarse con el negocio del ciclo integral del agua de Santa Cruz de Tenerife mediante un concurso resuelto en 2005 con Miguel Zerolo al frente de la alcaldía, hoy en prisión por la condena del pelotazo de Las Teresitas. Así lo señala un informe de los servicios técnicos del Ayuntamiento, que este martes refrendó la interventora de la Corporación en otro dictamen, ambos en poder de este periódico.
Sacyr se quedó con la muy rentable empresa del agua porque fue la que ofreció el canon más alto, 59 millones de euros (10 más de lo exigido en el pliego), lo que permitía a las arcas municipales recuperarse de los 52 que había dilapidado tan solo cuatro años antes por el frente de playa de Las Teresitas, lo que sirvió al grupo de gobierno para anunciar a bombo y platillo un ambicioso plan de barrios que, como las promesas de la playa santacrucera, también se quedaría en humo.
Pero Sacyr, sin experiencia hasta entonces en el negocio del ciclo integral del agua, ganó el concurso asumiendo una serie de compromisos que le permitían explotar la concesión durante los siguientes 25 años. El principal de ellos fue deshecho dos años después mediante un acuerdo del consejo de administración de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), ya controlada por Sacyr, que decidió devolver a la matriz, es decir a ella misma, el canon abonado a razón de 2.360.000 euros al año. Presidía el consejo de administración de la sociedad mixta el concejal de Servicios, Norberto Plasencia, que luego resultaría condenado a cuatro años de cárcel por el llamado caso Mamotreto, la construcción de un aparcamiento emblemático de 21 millones de euros, también en la playa de Las Teresitas pero en zona de protección marítimo-terrestre y sin autorizaciones.
Desde que el consejo de administración de Emmasa autorizó ese reembolso a Sacyr y hasta 2019, ya se han traspasado a la multinacional 28,2 millones de euros, una decisión que ha sido puesta en entredicho ahora por los servicios jurídicos de la Corporación, a cuyo frente se encuentra la alcaldesa socialista Patricia Hernández, la primera persona no nacionalista de los últimos 26 años en ese puesto. Precisamente al descubrimiento de estas y otras irregularidades en la gestión, el actual equipo de gobierno atribuye la moción de censura que este lunes ha presentado Coalición Canaria junto al Partido Popular y una concejala de Ciudadanos recién incorporada y a la que su partido ha expulsado de manera fulminante.
Todo el artificio montado para resarcir injustamente a Sacyr se descubrió en 2018, cuando Emmasa reclamó al Ayuntamiento una subida de la tarifa del agua para los vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife con la justificación de equilibrar las cuentas de la sociedad. Entonces quedó al descubierto que Sacyr recuperaría los 59 millones aportados en el año 2005, otros 3 más en intereses, 80 millones por el 5,5% de la facturación anual de Emmasa, y aproximadamente 156 más en concepto de reparto de dividendos por los beneficios durante los 25 años de vida del contrato.
Es decir, que sin poner un solo euro, Sacyr acabaría recaudando cerca de 300 millones que volverían a salir una vez más del bolsillo de los chicharreros y chicharreras, aún no recuperados de otro saqueo reciente en la operación de Las Teresitas, cuyo saqueo aún no ha sido devuelto por los condenados a las arcas municipales.
El modus operandi de esta operación es similar: unos empresarios aportan un dinero aparentemente beneficioso para la ciudad, pero lo recuperan sin riesgo y multiplicando por cinco la supuesta inversión en un corto espacio de tiempo a través de los recibos del agua que paga religiosamente la ciudadanía para poder disfrutar del servicio.
La compañía multinacional ha alegado en su descargo y a requerimiento de los servicios municipales que el canon abonado fue en realidad una especie de préstamo a Emmasa por las tasas de la utilización de los bienes del servicio integral del agua durante los 25 años siguientes, y que por eso debe recuperarlo.
Para defender esta idea se sirvió de un informe a su favor encargado al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco Villar, el mismo del que siempre se ha servido Coalición Canaria para avalar sus decisiones más polémicas. Se trata del mismo autor que avaló frente a la Intervención General del Ayuntamiento de La Laguna la concesión de un préstamo de 120.000 euros y la prórroga de la concesión del servicio de retirada de vehículos a los que luego se supo que eran amigos del exalcalde de la ciudad y expresidente de Canarias, Fernando Clavijo, que se quedaron de manera irregular con la concesión.
Pero el Ayuntamiento de Santa Cruz maneja informes que defienden lo contrario de lo sostenido por Francisco Villar ya que ni el pliego de condiciones ni la memoria que sirvió para elaborarlo hacen referencia alguna a la obligación de devolver al licitador el canon abonado, simplemente porque no se establecía tal condición. La recuperación de la inversión y los beneficios debía obtenerlos de la explotación del servicio, según sostienen los servicios municipales en la actualidad.
Con ellos coincide la jurisprudencia existente, que llega a considerar como “situación a todas luces esquizofrénica” que se permitiera recuperar el canon abonado por el licitador y que el mismo figurase como deuda de la empresa (en este caso Emmasa) pues eso desvirtuaría el concurso porque se estaría dando el absurdo de que ganaría el que más dinero ofreciese, siempre con la idea de que lo va a recuperar mientras durante la vida de la concesión.
Fuentes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han reconocido que el actual grupo de gobierno tiene la intención de eliminar estos pagos anuales a Sacyr y emprender todas las acciones judiciales necesarias para la anulación del acuerdo del consejo de administración de Emmasa. A su entender, Sacyr, aprovechándose de su control sobre la empresa (95% de las acciones), declara ilegalmente una deuda de Emmasa a su favor y la devolución de las cantidades abonadas sin el menor fundamento legal.
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