El último alcalde de Santa Cruz de Tenerife por Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez, asegura que nunca tuvo conocimiento de las irregularidades conocidas ahora en la empresa mixta de aguas, Emmasa, durante los dos mandatos en los que presidió la Corporación (2011 a 2019). El exalcalde, que ahora encabeza una moción de censura para volver a ocupar la alcaldía, asegura que nunca fue presidente de esa empresa mixta y que los dos concejales que sí lo fueron (Julio Pérez, del PSOE, y Dámaso Arteaga, de su propio partido), jamás le comunicaron que se estaba devolviendo ilegalmente a Sacyr el canon que pagó por hacerse con el negocio del ciclo integral del agua de Santa Cruz de Tenerife.
Bermúdez asegura desconocer los informes elaborados por el departamento de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, cuyo titular empezó a detectar esos pagos en 2017, según se recoge en el informe hecho público esta semana. Pero nadie hizo caso, al parecer, a otro informe, de fecha 6 de marzo de 2019, en el que ya se advertía de estos extremos.
Lejos de darse por enterado de la existencia de esos extremos, en su descargo Bermúdez sostiene que él mismo mandó “intervenir la empresa” en 2014, es decir, durante el mandato 2011-2015, y que la intervención se extendió hasta 2016. “Se dio cuenta a la Junta de Gobierno de la finalización de la intervención sin que se consignara referencia alguna a esta situación en las conclusiones del interventor ni en las conclusiones del servicio gestor”. Por esas fechas, efectivamente, aún no se habían detectado esos pagos que ahora declaran contrarios al ordenamiento jurídico, y por lo tanto ilegales, tanto el departamento responsable como la intervención y los servicios jurídicos del Ayuntamiento. El presidente de Emmasa durante el primer año y medio de ese mandato fue el socialista Julio Pérez, actual consejero de Presidencia del Gobierno canario, porque por entonces el PSOE cogobernó la ciudad junto a CC. Pero la Concejalía de Servicios Públicos se mantuvo en manos de los nacionalistas, según recuerdan desde el PSOE. Desde entonces, la presidencia la ocupó Coalición Canaria.
El informe del director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos que acaba de conocerse dice literalmente lo siguiente: “La existencia de esta deuda a favor del grupo Sacyr fue conocida por quien suscribe con ocasión de los trabajos realizados de supervisión del informe anual de prestación del servicio público correspondiente al ejercicio 2016, que debe presentar Emmasa en el primer semestre del año siguiente (2017), en virtud de la cláusula 9 del contrato suscrito para la prestación del servicio público. Dicho trabajo de verificación se desarrolló a lo largo del ejercicio 2018, contando también para la revisión de la información económica financiera suministrada por Emmasa, con la colaboración de la entidad auditora ASSAP”. Por lo tanto, el hallazgo de estos pagos irregulares a Sacyr por parte de Emmasa se produjo en el segundo mandato de José Manuel Bermúdez, con Dámaso Arteaga (CC) como concejal de Servicios Públicos y presidente de la empresa mixta de aguas.
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