El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) ha alertado este domingo de que la simplificación y agilidad del proyecto de Ley del Suelo pueden verse truncadas al ceder a los ayuntamientos el diseño de la tramitación y aprobación de los planes e instrumentos de ordenación.
El CEST, en un comunicado, ha admitido que este punto de la futura normativa, actualmente en tramitación parlamentaria, genera preocupación y nos “hace dudar de si por ese camino se logrará de forma verdaderamente efectiva la agilidad pretendida”.
Según el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, algunos municipios del sur de Tenerife, y de Canarias en su conjunto, no disponen de medios materiales y personales suficientes para afrontar la responsabilidad que el nuevo texto les atribuye.
“Existen dudas más que razonables sobre el hecho de que la mera enunciación de los deberes de colaboración interadministrativa, cooperación y asistencia mutua que se contemplan en el texto baste para garantizar la aplicación práctica, sin demora y eficiente de sus postulados”, ha advertido en la nota.
En este sentido, han señalado los empresarios que es necesario disponer de la mayor certeza y garantía jurídica en relación con los proyectos, planes o normas que se aprueben, así como en lo que atañe a las autorizaciones de uso que se concedan.
“Deben contar con suficiente respaldo y soporte jurídico, requisito que puede verse en entredicho ante la supresión por el nuevo texto legal de los controles de legalidad que venían siendo atribuidos a la Comunidad Autónoma de Canarias”, han indicado.
Los empresarios del sur de Tenerife han considerado “especialmente interesante” que en el proyecto de ley se fije el objetivo de contención en el consumo de suelo rústico y que paralelamente se contemple una regulación permisiva de sus usos.
A juicio de los empresarios, de esta forma se permite que este suelo contribuya a la creación de empleo y riqueza, compartiendo además con carácter general el compromiso de garantizar la generación de rentas complementarias que consoliden el sector primario para su propia supervivencia.
Creen los empresarios y profesionales del sur que están quedando fuera del texto normativo realidades urbanísticas que en Canarias son una constante y que en el sur de Tenerife constituyen en algunos casos situaciones de indudable gravedad.
En este sentido, han reclamado que “las urbanizaciones inacabadas carentes de posibilidad alguna de desarrollo y culminación merecen una respuesta por el legislador autonómico”.
La existencia de bolsas de suelo en urbano consolidado en muchos municipios sin posibilidades de desarrollo adecuadas a las nuevas realidades sociales y económicas, así como la rigidez del procedimiento previsto para adaptar el planeamiento a las nuevas circunstancias, son elementos que, según el CEST, “conducen a la petrificación del desarrollo urbanístico de esos suelos, perdiéndose así muchísimas oportunidades a la hora de generar economía y puestos de trabajo”.
Para los empresarios, esta iniciativa legislativa debería dar respuesta a esas realidades existentes, ofreciendo soluciones óptimas que den satisfacción tanto a los intereses públicos como a los particulares.
La redacción de la disposición transitoria séptima del proyecto de ley es, para el Círculo, “manifiestamente mejorable en tanto en cuanto esta supone atentar contra el modelo turístico canario que tanto éxito nos ha dado”.
“El contenido de dicha disposición transitoria supone atentar contra el principio de unidad de explotación”, principio que, a juicio del CEST, ha sido el garante de la calidad hotelera y supone un elemento de seguridad jurídica para nuestros clientes turísticos.
Para los empresarios, de aprobarse tal y como está redactada esa disposición, supondrá el principio de la residencialización de los establecimientos turísticos, cuya consecuencia inmediata sería la destrucción como empresa y como actividad económica.