La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha dicho este viernes en comisión parlamentaria que es preciso realizar una revisión “total” del sistema de protección de la infancia y de acogimiento familiar antes de hacer cualquier tipo de planificación.
Valido ha indicado que para llevar a cabo esa revisión total lo primero que hay que hacer es convocar las conferencias interadministrativa y sectorial para revisar todos los acuerdos con las corporaciones insulares y locales, y todos los recursos de los que se disponen.
Ha insistido en que “todo ha cambiado” y por ello “estamos obligados” a trabajar de otra manera, y ha recalcado que hay que tomar decisiones urgentes antes de abordar planes.
La consejera hizo este planeamiento durante una comparecencia a petición de Podemos para hablar de líneas estratégicas, objetivos y acciones en protección de infancia y familia para 2017, y a instancia del PP para explicar la ejecución del programa de Acogimiento Familiar en 2016 y objetivos para 2017.
Cristina Valido ha señalado que es necesario convocar la conferencia interadministrativa para revisar todos los acuerdos que el Gobierno canario tiene con cabildos y ayuntamientos en materia de prevención con menores en riesgo.
Ha recordado que los acuerdos se firmaron antes de la crisis económica y desde entonces no se ha llevado a cabo un aumento de las partidas económicas con las que los ayuntamientos tienen que afrontar los problemas a pesar de que ha aumentado la demanda, y ha agregado que también es preciso contar con los profesionales adecuados antes el incremento de las peticiones.
Por ello, ha insistido Valido, antes de hablar de planificación es preciso “sentarse” con cabildos y ayuntamientos para hablar de prevención y riesgo, así como para revisar las subvenciones que reciben, analizar los recursos y luego establecer una estrategia de actuación adaptada a la actualidad.
La consejera ha comentado que en su departamento se prepara la convocatoria de esa conferencia interadministrativa, ya que, ha destacado, hay que determinar de forma conjunta con el resto de administraciones qué y cómo se financia, cómo se ejecuta y si funciona el sistema o es preciso cambiar el modelo.
De forma paralela, ha dicho, hay que convocar la conferencia sectorial para revisar los recursos de los que se disponen, así como su tipología y coste, ha indicado la consejera, quien ha agregado que se trata de un trabajo que habrá que llevar a cabo para el catálogo de servicios que se desarrolle en la futura ley de Servicios Sociales.
Cristina Valido ha manifestado que es necesario revisar los números, ya que los precios que se acordaron antes de la crisis para acogimiento de menores inmigrantes o en situación de protección tienen que ser evaluados de nuevo. Además hay perfiles diferentes de acogimiento, algunos con problemas muy especiales con los que hay que intervenir de modo también especial y que en ocasiones requieren recursos especializados, ha añadido.
La consejera también habló durante su comparecencia de prevención de la delincuencia y en este ámbito pactar con los ayuntamiento para llevar a cabo un programa adecuado, ya que las corporaciones locales conocen qué jóvenes están en espacios de riesgo, y se refirió asimismo al apoyo psicológico a menores, entre otras cuestiones.
En respuesta a las preguntas de los diputados, Cristina Valido ha explicado que se tarda una media de seis meses en decidir la idoneidad de una familiar para el acogimiento, y ha reconocido que si bien es incapaz de decir si es poco o mucho tiempo hay que tener en cuenta que no hay que tener prisa para hacerlo bien.
La diputada de Podemos María del Río ha abogado por la prevención y por el acogimiento familiar tanto ajeno como propio, y ha opinado que es preciso hacer un cambio en el sistema y no negar la existencia de conflictos, para también mostrar su preocupación por las adopciones.
La diputada del grupo Popular Josefa Luzardo ha comentado que en ocasiones hay recursos económicos pero, por mala gestión, no se ejecutan, y preguntó si está previsto hacer un seguimiento de los niños en acogimiento después de cumplir los 18 años.