La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández (PSOE), ha emitido un oficio en el que ordena a todo el personal adscrito a la Asesoría Jurídica Municipal que dé los pasos necesarios para recuperar el dinero público “malversado” en la operación de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, cantidad que supera los 62 millones de euros.
Así lo ha anunciado en la propia playa de Las Teresitas, donde Patricia Hernández ha presentado el dispositivo de seguridad, tráfico y accesibilidad que se ha comenzado a prestar a la ciudadanía en las distintas playas del municipio durante el presente verano, al ser preguntada por los medios por el citado oficio, publicado este jueves en el periódico El Día.
La alcaldesa indicó que las personas que han sido condenadas, entre ellas el exalcalde por Coalición Canaria Miguel Zerolo (ya en prisión), y que tienen una responsabilidad patrimonial que afrontar y devolver el dinero a la ciudad de Santa Cruz han hecho una provisión de acciones y de propiedades que al nuevo equipo de gobierno le parece “insuficiente”.
En ese sentido, Patricia Hernández ha emitido un oficio para valorar cómo está la situación y trabajar para que los posibles movimientos de patrimonio en las últimas semanas, meses y años “no impida que la ciudad recupere el dinero que se le hurtó y que así ha sido determinada por sentencia firme”.
Por el denominado caso Las Teresitas, además de Zerolo, también están en prisión el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo; el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo Juan Víctor Reyes, y el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín González, todos ellos de Coalición Canaria, así como los dos propietarios vendedores de un terreno en la zona de Las Teresitas al Ayuntamiento por importe de 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros), cuando el precio de tasación de estos era muy inferior, según se desprende de informes periciales que fueron valorados por el tribunal, elevándose, en consecuencia, el precio de tasación en perjuicio del Ayuntamiento.
También está en prisión los empresarios Antonio Ramón Plasencia e Ignacio González Martín por un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos por un precio muy superior al que tenía en realidad.