Los vecinos del barrio santacrucero de Añaza afectados por la posible venta de 358 viviendas protegidas de alquiler y su consiguiente desalojo de ellas han presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía para que esta requiera toda la documentación a los propietarios del inmueble, dado que se han recibido notificaciones para negar la renovación de los alquileres sociales.
En declaraciones a los periodistas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), informó la agencia Europa Press, la activista social Inma Évora ha comentado que hay sospechas de que las viviendas han sido vendidas por el Banco Santander al fondo buitre Cerberus, “sin autorización” del Gobierno de Canarias, algo que es preceptivo al tratarse de viviendas en régimen de protección social (VPO). Évora ha dicho que también han detectado subidas en los precios a los inquilinos sin conocimiento del Ejecutivo canario, comunicación que es obligada.
Asimismo, ha comentado que esta denuncia es la primera medida de una campaña activa de información en la calle con la que los afectados quieren obligar al banco a “sentarse” y a dar toda la información sobre la situación actual de las reseñadas viviendas.
“La gente está con miedo y los vecinos especulando, y creemos que la vía de la Justicia es la mejor. El Gobierno de Canarias no debería tardar nada en acercarse a la Justicia”, ha agregado.
Évora ha insistido en que “falta mucha regulación” en el sector de la vivienda protegida y que esta no debe ser un “bien de especulación”. También ha lamentado que las familias tengan que abandonar sus casas y “se queden vacías para ser revendidas o dedicadas al alquiler vacacional”.
En la jornada de este lunes, tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz como la formación política Podemos han criticado la actitud de la entidad financiera Santander en relación con este asunto de marcado carácter social.
En el primer caso, el alcalde ha ordenado al concejal de Hacienda que estudie cuál es la relación comercial con esa entidad para proceder a una “revisión a la baja”.
En cambio, Podemos pidió este lunes al Cabildo de Tenerife que deje de trabajar con ese banco si se confirman los desahucios. El Santander tenía en propiedad las viviendas sociales en alquiler de Añaza y ahora parece que se las ha vendido a un fondo de inversión de los conocidos como buitres.