El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gobernado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), no sabe cuántas viviendas vacacionales operan de forma legal en la capital. Así se desprende de la respuesta que ha dado el Consistorio a una solicitud de información formulada por Mónica Brito, concejala de la oposición en el PSOE.
“No existe un expediente específico para la actividad clasificada de vivienda vacacional”, contesta el jefe de servicio de Licencias para justificar que no es posible facilitar la información requerida por la edil.
El funcionario explica que la administración local no dispone de “una clasificación concreta” que le permita extraer, de entre el conjunto de las actividades clasificadas, sólo la información relacionada con las viviendas turísticas. Para lograr ese dato sería necesaria “una revisión manual expediente por expediente”, dice en la respuesta a la concejala.
“Nuestro sistema de gestión no funciona como una base de datos con filtros específicos para actividades clasificadas. Utilizamos un tramitador de expedientes que no permite identificar automáticamente cuáles de los expedientes corresponden a comunicaciones previas de actividades clasificadas relativas a viviendas vacacionales”, expone el funcionario.
Y añade: “Adicionalmente, no podemos determinar de forma automatizada qué expedientes han sido resueltos dejando sin efecto la actividad clasificada y cuáles continúan en funcionamiento”.
La portavoz socialista en Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, recordó en la sesión de control celebrada el pasado jueves que las competencias de inspección sobre las actividades clasificadas, entre las que se encuentran las viviendas vacacionales, son municipales, según recoge la ley 7/2011, de 5 de abril.
Durante su intervención, Hernández recordó a la concejala de Planificación del Territorio, Zaida González, unas palabras pronunciadas el pasado sábado por la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Jéssica de León, militante del PP al igual que González, dijo que los ayuntamientos “no sólo tienen el deber, sino también las herramientas para ordenar la actividad”, según el decreto 113/2015.
El Gobierno de Canarias ha dejado en manos de los ayuntamientos el control y la regulación de este sector. La consejera de Turismo ha dicho recientemente que las administraciones locales tienen “mayores garantías jurídicas”, aplicando su planeamiento, para “suspender licencias” y declaraciones responsables de actividades clasificadas.
“Lo que pongo de manifiesto es que la Gerencia de Urbanismo y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no saben cuántas viviendas vacacionales operan legalmente en la ciudad. No lo sabe y no se pone ni colorada al decirlo y dice que no lo va a hacer, porque es lo mismo que una peluquería. En un tema tan dramático como la vivienda”, lamenta la portavoz del PSOE en el Consistorio capitalino.
Según el Cabildo de Tenerife, entre enero y agosto de este año se han registrado más de 7.200 viviendas vacacionales en toda la isla.