Un auto emitido por el Tribunal Supremo echa por tierra el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que pretendía evitar la anulación de la ordenanza municipal de 2019, que regulaba los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP). Con esto, se hace vigente una prohibición general para aparcar en las aceras. Así lo ha informado este viernes el consistorio capitalino mediante un comunicado en el que expresan que “revisarán la señalización de estacionamientos existentes en algunas aceras del municipio, lo que facilitará la retirada de los vehículos de movilidad personal (VMP), al decaer la ordenanza de circulación y movilidad aprobada en 2019”.
Desde hace días algunos puestos de aparcamiento para vehículos se han convertido en estacionamientos para VMP en toda la ciudad, aunque por ahora solo dos o tres patinetes se aparcan allí. El resto se encuentran desperdigados por toda la ciudad, obstaculizando el paso en cualquier acera.
Para solucionar esta problemática, la corporación local avanza que ya se está trabajando en una actualización de esta ordenanza con la idea de tenerla aprobada en un plazo de cinco meses. La futura regulación en lo que a los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal se refiere incluirá limitaciones, condiciones de las concesiones o registro de los mismos.
La concejala de Seguridad y Emergencias, Evelyn Alonso, explica que el nuevo documento será “acorde con la realidad actual de la movilidad y las necesidades de Santa Cruz” y su elaboración contará con procesos de participación e información pública para “aglutinar todas las sensibilidades e intereses de la ciudadanía”.
Hasta que esté lista la nueva ordenanza, la corporación local tiene “un margen abierto para regular, vía decreto, cualquier situación que demande una solución o determinación urgente”, precisa Alonso. Según el criterio de los técnicos municipales, se debe aprovechar este proceso de redacción de la nueva ordenanza para trabajar, en paralelo, sobre la regulación de las denominadas zonas de bajas emisiones.
Además, mientras se perfila la nueva normativa de movilidad existe el compromiso del Ayuntamiento de Santa Cruz para revisar las disposiciones que se mantienen y las sanciones que se habían incorporado con la ordenanza ahora derogada.
De hecho, ya se ha tomado la decisión de iniciar el trámite de anulación de oficio de aquellas que pudieran verse afectadas por la decisión del Tribunal Supremo.
En todo caso, la concejala puntualiza que “el 90% de las sanciones que se tramitan se fundamentan en incumplimientos de la legislación estatal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial”, por lo que calcula que “no habrá demasiadas anulaciones desde el 23 de mayo”.
Respecto a la sentencia del Supremo, recalca que “no entra a valorar el contenido de dicha ordenanza y se motiva en la ausencia de un certificado de una comisión informativa incluida en la tramitación de la misma”.
Por tanto, “se mantiene la sentencia de diciembre de 2020 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al respecto”, concluye la nota.