El futuro puerto deportivo de la Marina que se plantea como el gran paso de Santa Cruz al mar no ha podido comenzar con peor pie. Aparte de que las obras que iban a iniciarse en 2005 frente a la Plaza de España de Santa Cruz tardan en concretarse sino que la empresa que iba a ejecutarlas se encuentra sumida en un entramado judicial de calado que hace ya inviable el proyecto. Ahora ha trascendido que A. G. B. presidente de Inversiones Dársena de Anaga ha sido condenado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) a un año y nueve meses de cárcel por un delito societario continuado y otro de apropiación indebida. De esta manera se viene a ratificar un fallo anterior de la Audiencia Provincial de Tenerife lo que implica otro paso más en la continua judicialización del litoral santacrucero desde el Parque Marítimo a Las Teresitas.
Además, A. G. B. deberá hacer frente a una multa de 60 euros por día durante seis meses lo que suma alrededor de 11.000 euros. Y sobretodo estará obligado a pagar indemnizaciones a los socios que se consideran engañados que alcanzan como mínimo tres millones de euros más las costas. Inversiones Dársena de Anaga está formada por seis empresas de las Islas y ostenta el 50% de Construcciones Dique del Este, concesionaria de la ejecución del puerto deportivo de la Dársena de Los Llanos mientras que el otro 50% lo integran socios vascos. Los promotores canarios constituyeron un Consejo de Administración integrado por un representante de cada una de las seis empresas recayendo el cargo de presidente en A. G. B. ahora condenado. A partir de aquí este empresario comenzó una serie de movimientos para desplazar a sus socios y convertir a Inversiones Dársena de Anaga en una sociedad unipersonal. Esta maniobras pasaron, por ejemplo, por asumir la presidencia y vicepresidencia de una de las compañías y vender las acciones a la suya propia por 6.000 euros cuando el valor real era de 84.30. Una diferencia que los tribunales consideran “absolutamente desproporcionada” a la vez que califica de “ridículo” el primero de los precios con los que el acusado pretendió hacerse con las participaciones.
A partir de aquí A. G. B. convirtió a Inversiones Dársena de Anaga en una sociedad unipersonal con lo cual consiguió el control absoluto del 50% de la concesionaria que va a construir el principal puerto deportivo de Santa Cruz. Posteriormente, este empresario llevaría a cabo un auténtico entramado de operaciones mercantiles que implicaron opciones de compra a otras entidades por un valor que en ocasiones llegó a los 3,3 millones. Todo ello según la sentencia de la Audiencia ratificada ahora por el Supremo supuso la realización de actos materiales, “encaminados a la adjudicación en beneficio y lucro propio” y de espaldas a sus socios que se enteraron de lo que estaba ocurriendo de manera fortuita. Las pruebas periciales determinaron que cada metro cuadrado del puerto vale entre 20.000 y 50.000 euros, con lo cual se calcula que la venta de los 300 puntos de atraque alcanzará un volumen de negocio de 24 millones de euros.
“Existió en este caso un quebrantamiento de los deberes de fidelidad en la confianza en el acusado depositada por todos los representantes de las empresas que conformaban el Consejo de Administración, habiendo manifestado todos ellos que confiaban plenamente en él. Pese a ello llevó a cabo actuaciones con la finalidad de adjudicarse de forma abusiva y fraudulenta bienes ajenos buscando el lucro propio”. En la actualidad algunos de los puntos de atraque ya han sido construidos y además esta concesión portuaria tiene la particularidad de que su vigencia sólo empezará a contar a partir de que se ejecuten las obras del Muelle de Enlace, diseñadas por los arquitectos Herzog & De Meuron.