Diecinueve años después de que se produjera la operación de Las Teresitas, por la que el Ayuntamiento de Santa Cruz pagó 52 millones de euros a dos empresarios a cambio de un frente de playa que ya era de titularidad municipal, la ciudad va a recuperar el dinero malversado. Será a través de dos de las propiedades de uno de los condenados, el empresario Antonio Plasencia, actualmente cumpliendo pena de cárcel precisamente por esa operación en la que también resultó condenado su socio, Ignacio González, ya fallecido en prisión, y el entonces alcalde, Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, también preso.
La familia Plasencia ha accedido finalmente a pagar la mayor parte de la deuda cediendo al consistorio dos edificios situados en Santa Cruz de Tenerife después de que los servicios jurídicos municipales detectaran un presunto alzamiento de bienes tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2019 que convirtió en firme la que dos años antes había emitido la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Declarada en concurso de acreedores, a la deuda de la familia Plasencia no han podido aplicársele intereses sobre los intereses de la deuda (anatocismo), pero se les exigirá a los demás condenados. Los dos edificios que se enajenarán a favor del Ayuntamiento son el que ocupa actualmente la Consejería de Educación y otro que el anterior presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de Coalición Canaria, pretendió comprar la pasada legislatura a la familia Plasencia en una operación que resultó frustrada por los servicios de jurídicos de la Corporación insular.
La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández (PSOE), en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por su equipo de gobierno ha indicado que los dos inmuebles forman parte de la deuda 95 millones de euros contraída por los condenados, un dinero que se “había robado” a los vecinos de la capital y ahora va a “ser devuelto”.
Hernández ha dejado claro que “se acabó la impunidad” e incidió en que “con determinación” se consiguen los objetivos, asegurando que este litigio judicial es un “ejemplo” de lo que querían hacer desde que llegaron a gobernar en el consistorio.
“El dinero público se debe gestionar mejor que si fuera propio, con más diligencia. Si se quiere se puede y además se debe”, ha agregado.
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