La asociación Justicia y Sociedad ha pedido este lunes la dimisión del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán (de CC), por sus “intolerables declaraciones” realizadas en el periódico El Día, en las que anuncia que va a interponer una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las declaraciones de los jueces sobre posibles intereses especulativos que pueden estar detrás de su preferencia por la parcela de El Sobradillo para construir la Ciudad de la Justicia.
Justicia y Sociedad entiende que el poder ejecutivo debe “respetar” el equilibrio entre los poderes del Estado y, sobre todo, “no emprender el camino de la confrontación y, en algún momento, el de veladas coacciones al ejercicio libre de expresión de los integrantes de la Plataforma pro Edificio Judicial en Cabo Llanos, que une a todos los operadores jurídicos de la isla en una sola voz”.
Para la asociación, las críticas de Barragán “devalúan la calidad” del sistema de Gobierno de Canarias. “La ciudadanía no se merece unos gobernantes que hagan de la mentira y de los intentos de acallar las criticas su forma de hacer política”, destaca.
Además, asegura que el consejero “vuelve a mentir” al basarse en un estudio comparativo que “carece de todo rigor” para “imponer” la alternativa de la parcela de El Sobradillo.
En su opinión, el consejero “es un peligro” para el funcionamiento de las instituciones ya que “no juega limpio en el tablero democrático en el que deben moverse los poderes públicos”. Por ello, la asociación demanda su dimisión y que se busque un interlocutor “más sereno y dialogante” para el polémico asunto del emplazamiento del nuevo campus de la Justicia.
El alcalde Bermúdez pide una mesa de diálogo
También en relación con el asunto de dónde debe estar el nuevo campus de la Justicia, que si en El Sobradillo o en Cabo Llanos, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, planteó este lunes la necesidad de una convocatoria de “mesa de diálogo” entre el Gobierno de Canarias y la Plataforma Judicial pro Edificio en Cabo Llanos, con el fin de analizar todas las opciones de la futura Ciudad de la Justicia y ayudar a “rebajar el listón” del conflicto.
En declaraciones a los periodistas, ha comentado que “no es bueno poner en duda” la defensa del interés general que hacen las administraciones públicas -la plataforma ha alertado de intereses urbanísticos en el cambio de ubicación-. Tras “diez años esperando”, cree que es el momento de que todos “se sienten en una mesa” y se pueda llegar “a una solución factible, a lo mejor cediendo todos en algo”.