El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, no dejó lugar a la duda sobre lo ocurrido con el caso Piscifactoría en su intervención de este viernes en comisión del Parlamento de Canarias.
En esta sesión, Baltar fue tajante y confirmó que la piscifactoría del Cabildo de Tenerife en La Orotava, en la zona de Aguamansa, se cerró por Salud Pública debido a la contaminación de su agua por el uso de antibióticos para las truchas. Ese mismo recurso hídrico, sin previamente ser tratado, luego se servía a través de la red de abasto, sin control alguno y con destino al consumo humano, tal y como se ha reconocido por varios informes técnicos de funcionarios aún no rebatidos por el Cabildo.
El consejero de Sanidad calificó de “impecable” la actuación del inspector de Salud Pública en la instalación para la cría y el engorde de truchas de la Corporación insular radicada en la zona de Aguamansa, actuación que se produjo tras la primicia desvelada por Canarias Ahora. Este caso se halla en los juzgados, tras la denuncia tramitada por el Seprona.
Baltar también afirmó este viernes que el agua de consumo está “estrictamente controlada” en la isla, aunque incidió en que es “urgente” mejorar su trazabilidad, para lo que, en el caso de Tenerife, ya está trabajando el Consejo Insular de Aguas con la Consejería de Sanidad, informó la agencia Europa Press.
Además, el consejero calificó de “total transparencia” la intervención en este caso de la Dirección General de Salud Pública, que ordenó el cierre de las instalaciones por contaminación y verificó a posteriori que el vertido a los dos canales de agua de abasto ya había finalizado.
Baltar confesó que fue “grave” que murieran unas 12.000 truchas al cortar el flujo de agua debido a la contaminación por el uso de antibióticos, y subrayó que, cuando el inspector de Salud Pública visitó las instalaciones, no había registro sobre los tratamientos que recibían las truchas y los productos que estas tomaban.
Ante las críticas de la oposición representada en esa comisión parlamentaria, Baltar comentó que ni el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ni el del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, le “han dado órdenes” sobre este asunto. Subrayó que la actuación se ha realizado acorde a los criterios de Salud Pública. “Sea de quien sea la instalación, Salud Pública se presenta allí y verifica la denuncia”, dejó claro.
Intervenciones de la oposición
El diputado del Grupo Popular Zacarías Gómez criticó la “impunidad” con que se maneja el Grupo Nacionalista y el propio Gobierno autonómico, y puso como ejemplo de ello el caso Piscifactoría. También hizo lo propio con la suplantación del exalcalde de Firgas en unas oposiciones de la comunidad autónoma.
Gómez lamentó que se ordenara el cierre de las instalaciones porque murieron 12.000 truchas “agonizando”, tras seguir las conclusiones del informe de Salud Pública. Incidió en que los excrementos de las truchas se vertieron al canal de agua tras estas haber sido tratadas con antibióticos en desuso. “Esto es muy grave”, dijo.
Melodie Mendoza, del Grupo Mixto (ASG), sostuvo que este caso “fue muy grave” y generó “alarma ciudadana”, lo que obligó al cierre de las instalaciones, mientras que Juan Márquez, de Podemos, indicó que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias tenía la responsabilidad de “vigilar” este problema “y no lo ha hecho”, aparte de que se vendían truchas afectadas por contaminación y el “agua infectada” se canalizaba para el consumo humano.
Márquez planteó que “aquí hay responsables de la Consejería y del Cabildo”, y resaltó que “no se van a librar del puro que les va a caer aunque hagan presidenta a la Virgen de Candelaria”.
Teresa Cruz, del Grupo Socialista, preguntó si la piscifactoría tenía informe de impacto ambiental sobre la entrada y salida de aguas, sobre qué sistema de protección había para las truchas, cuántas inspecciones se ordenaron y qué controles había sobre plagas y pesticidas, más las fichas diarias sobre los productos químicos utilizados.
José Manuel Pitti, del Grupo Nacionalista, se refirió a que este caso ya está en la órbita judicial, pues se ha llamado a declarar a varios técnicos del Cabildo en un juzgado de La Orotava, y no hay cargos públicos investigados.
Pitti dijo que las acciones de Salud Pública han sido “expeditivas” al ordenar el cierre de las instalaciones, prohibir el uso humano de agua y constatar la eliminación de los vertidos.