El consejero insular de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad en el Cabildo de Tenerife, el socialista José Antonio Valbuena, aún se niega a reconocer que ha habido errores en la gestión pública de la piscifactoría de truchas que el servicio de Gestión Forestal, adscrito a su departamento, gestionaba en los altos de La Orotava, en Aguamansa.
Así lo mantiene Valbuena pese a lo tajante y demoledor que es el informe interno de un veterinario funcionario de Medio Ambiente, el que levanta todas las alarmas (se adjunta el contenido completo a esta información), e incluso conociendo que el principal argumento del inspector de Salud Pública que cerró esa instalación pública de truchas en La Orotava fue, como consta en el acta manuscrita que levantó in situ el funcionario (a la que ha tenido acceso este medio), la “inexistencia de autorización para verter el agua” en que se criaban las truchas al canal del norte, además de forma directa, sin filtrar y en un medio destinado al transporte de agua potable a la población de municipios del norte de la isla y del área metropolitana.
Y se dice que el Cabildo de Tenerife gestionaba esa piscifactoría porque un inspector de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ya la clausuró, tras una visita de oficio y por sorpresa, el viernes 22 de septiembre de este año, justo cuatro días después de que Tenerife Ahora informara de que esa explotación acuícola vertía de forma directa al canal del norte, uno de los que suministran agua blanca a la población tinerfeña, un caudal “contaminado con antibióticos” que se utilizaban para curar en los peces una enfermedad con reflejo en la piel debido al aumento en verano de la temperatura del agua. Esta operación se repetía desde hace al menos 10 años en meses estivales.
Valbuena convocó esta mañana de jueves a los medios de comunicación para intentar cerrar una crisis y quizá este objetivo no lo haya conseguido del todo. En su intervención, el consejero insular y su equipo técnico (estuvo acompañado por dos funcionarios: el jefe del Servicio de Gestión Forestal, Ventura Machado, y el responsable directo de la piscifactoría, Tomás Reneses) reprodujeron en esencia los argumentos preparados para abordar esta misma cuestión ante los integrantes de la comisión plenaria de Sostenibilidad en el Cabildo de Tenerife (la cita se produjo el viernes pasado), en la que ellos también habían afirmado que “los informes [de la casa, de dentro] concluyen que la concentración máxima del antibiótico, llamado florfenicol [un derivado del cloranfenicol, de uso prohibido en humanos], en el agua podía llegar a ser, en el peor de los casos, de 0,72 microgramos por litro, sin que esto supusiese un perjuicio para las personas. Para que una persona notase algún efecto nocivo hubiera tenido que ingerir 833 litros de agua en un día”, se afirmó entonces y también esta mañana.
En todo momento, Valbuena aludió en su justificación y en la negación de que hubiera existido problema alguno para la salud de las personas a la existencia de “estudios realizados recientemente” que “confirman” que la “piscifactoría de Aguamansa no puso en riesgo la salud de la población en ningún momento”, algo que ya se había asegurado en la primera nota de su departamento acerca de esta crisis (sin los estudios recientes), en la que se quitaba hierro a la advertencia emitida por un veterinario y a la vez funcionario de su propio departamento, allá por el día 19 de julio de este año.
El mismo responsable de Medio Ambiente llegó a utilizar como justificación de las prácticas empleadas en la piscifactoría el hecho de que “se entendía que la instalación cumplía con todos los requisitos” cuando fue recibida a través del Icona en 1972, nada más y nada menos que hace más de 40 años. A este argumento, Valbuena añadió otro de dudosa solvencia técnica: “Toda el agua [que salía del recinto, un curso continuo] era para riego, según nos dijo el canalero”.
En la cita de este jueves, Valbuena y su equipo jamás rebatieron de forma directa los informes de los técnicos que reconocieron malas prácticas en la gestión pública de esa explotación para la cría y el engorde de truchas: ni en el caso del documento interno, el que firma un veterinario de la propia casa, ni en el caso de lo recogido en el acta de inspección del funcionario de Salud Pública, cuya presencia en el lugar concluye con el sacrificio de todos los peces y la clausura inmediata de la piscifactoría.
Este último hecho ya cuenta con denuncia del Seprona ante los juzgados de La Orotava, e incluso cabe que a esta se termine uniendo el contenido de los dos informes descritos.
En el acta de Salud Pública se habla del vertido del agua de las truchas sin filtrar ni depurar y sin autorización administrativa, que es preceptiva en este caso, al canal del norte, uno destinado al suministro a humanos, y se alude a la escasez de controles en los tratamientos, aparte de darse a conocer que lo que prescribió el veterinario del proveedor de los piensos corregidos (con los antibióticos) para la enfermedad de las truchas lo hizo hace ya algunos años, en 2014, según lo que constató el inspector en Aguamansa.
El jefe de servicio mencionado en esta información ya había reconocido a este mismo medio que no se ha realizado análisis reciente al agua de la piscifactoría, y que el último practicado, que dio buena calidad en el agua, fue en 2001, mucho antes de los 10 últimos años que reconoce el Cabildo con tratamiento con el antibiótico.