El Valle de Güímar está en el punto de mira de la Justicia (española y europea) por los vertidos de aguas residuales. Con la estación depuradora para las aguas urbanas ya en construcción (EDAR), el problema ahora es el retraso administrativo de otra instalación específica destinada a los residuos líquidos industriales (EDARI), para la cual el Cabildo ya tiene un proyecto y el compromiso de financiarla, pero se ha retrasado la firma del convenio a la espera de trámites que dependen de los ayuntamientos de la zona.
De ahí que la concejala de Sí Se Puede en Candelaria, Mayca Coello, haya exigido este lunes al Ayuntamiento que preside la socialista María Concepción Brito que tome medidas urgentes para acabar con el retraso en la depuradora del polígono industrial de Güímar, pues el propio consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, en declaraciones a El Día esta misma semana, ha achacado esa demora a los ayuntamientos del Valle de Güímar.
En concreto, se trata de un plan de etapas que no está aprobado, documento que prevé las actuaciones y los plazos que permitirán acabar con la ilegalidad en el vertido de aguas industriales al océano, trámite que solo tiene listo el Ayuntamiento de Güímar, por lo que no lo han cumplido aún los de Candelaria y Arafo.
“Estas gestiones deben ser las absolutamente prioritarias para este Ayuntamiento, y es intolerable que el Cabildo nos ponga la cara colorada por no cumplir y dilatar un proceso que debía estar resuelto hace años”, reivindica la portavoz del partido ecosocialista, que sostiene además que la alcaldesa (del mismo partido que el consejero insular de Aguas) “debe dar explicaciones claras a la ciudadanía y a las fuerzas políticas municipales ante esos graves señalamientos, porque es inconcebible un retraso en un asunto tan importante”.
Hay que recodar que el vertido ilegal de aguas residuales desde el polígono industrial de Güímar es objeto de una causa penal, tras una denuncia presentada el año pasado por Sí Se Puede e IUC ante la Fiscalía, que señalaron directamente al Consejo Insular de Aguas -organismo adscrito al Cabildo tinerfeño- y a los ayuntamientos del Valle.
A raíz de esa denuncia, y a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, un juzgado dio un primer plazo, ya vencido, para que se tomaran las medidas que condujeran a la creación de la depuradora de aguas industriales, la EDARI. Tras terminar ese plazo y a la vista de los avances conseguidos, el mismo juzgado volvió a ampliar el tiempo concedido para realizar las acciones necesarias y acabar con los problemas de vertidos de manera definitiva.
Profunda decepción por los escasos avances
Coello manifestó que, “hasta el momento, confiábamos en la información que nos transmitía el Gobierno municipal respecto a que estaban haciendo todo lo posible para resolver este asunto con rigor y con urgencia; incluso, llegaron a asegurar que iban por delante de los otros ayuntamientos del Valle. Pero hemos comprobado con profunda decepción que esto no era cierto y que trámites muy importantes, como el plan de etapas, han quedado aplazados de forma injustificada, porque el pleno se ha reunido ordinariamente todos los meses y porque, para un asunto tan importante, se podía haber convocado un pleno extraordinario”.
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento candelariero, cuando se vio con la Justicia en los talones, cerró el acceso a la red de alcantarillado a empresas del citado polígono por incumplir las condiciones en que estos residuos deben llegar al sistema de saneamiento, aunque la resolución definitiva, en cualquier caso, de los problemas de vertidos al mar está pendiente de la construcción de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), por un lado, y de la específica, por otro, para los vertidos industriales (EDARI).
El consistorio de Candelaria ha llegado a clausurar el emisario submarino del polígono industrial de Güímar, pero un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, tras un recurso de la asociación de empresarios de esa zona industrial, suspendió en junio por segunda vez este cierre, al reconocer los magistrados que se han producido avances en las administraciones públicas hacia una solución definitiva del problema de vertidos al mar sin el tratamiento previo al que obliga la normativa de la Unión Europea.
La Justicia constató a finales de junio que se han realizado ya censos de vertidos: que los análisis del agua marina han dado resultados positivos; que se ha reconducido de forma provisional los efluentes a una antigua estación depuradora; que se ha redactado el proyecto de una nueva EDARI, “mucho más ambiciosa” y con una presupuesto de licitación de 6,9 millones de euros, y que se ha previsto de un cronograma detallado, el referido al plan de etapas, para la legalización definitiva de los vertidos depurados.
Desde Sí Se Puede se observa que “el Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas, cumplió los plazos in extremis, al sacar la licitación de las obras. La pelota está ahora en el tejado de dos ayuntamientos que no cumplen”.
Respecto a las aguas negras de origen urbano (no industrial), el Tribunal Europeo condenó además en julio a España al pago de una sanción multimillonaria por incumplir -entre otros lugares de España, en esta comarca tinerfeña- la normativa de tratamiento de aguas residuales arrojadas al mar.
Una condena que, a juicio de Coello, es “producto también de la dejación de los distintos gobiernos que han dirigido la corporación durante décadas, más afanados en políticas llamativas que en tomar medidas de fondo imprescindibles, como han exigido ahora la Comisión y los tribunales europeos”.