El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife ha notificado este viernes el auto que resuelve la segunda medida cautelar sobre la suspensión del cierre del emisario submarino ubicado en el polígono industrial del Valle de Güímar (Tenerife).
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dicho cierre fue decidido por decreto de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Candelaria, mientras que esta segunda medida cautelar fue solicitada por la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial del Valle de Güímar.
Aquí, el magistrado que dictó la sentencia, Jorge Riestra, ha explicado que la primera medida cautelar, decidida el 13 junio de 2017, expiró a los nueve meses inaplazables desde su concesión, sin posibilidad de continuar desplegando efectos.
En este sentido, el auto de esta segunda medida cautelar acuerda una nueva suspensión cautelar del cierre del emisario del polígono industrial, con un contenido diferente y no es prórroga o continuación de la primera medida cautelar.
Riestra matiza que se ha tenido en cuenta la transformación de la realidad con los avances que las administraciones públicas afectadas han conseguido de manera coordinada y actuando en aplicación del principio legal de eficacia de la acción administrativa, “aportando unos resultados de buena calidad en las aguas costeras, según los análisis del Servicio de Medio Ambiente de la Universidad de La Laguna y de otro laboratorio también acreditado al efecto”.
“El asunto -añadió el juez- tiene un evidente interés público-medioambiental; no afecta a la intimidad de ninguna persona y, por ello, el juzgado hace pública esta información a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia, previa notificación a las partes”.
El juzgado, en esta resolución de medida cautelar, considera que el interés general de preservar los valores medioambientales de aguas costeras de buena calidad que exigen las directivas europeas y la legislación sobre aguas y salud pública resultan protegidos con las medidas que han llevado a cabo los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar, en coordinación con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
Finalmente, según esta decisión del juzgado, de una situación descontrolada y de abandono se ha pasado a una situación de conocimiento y control de los vertidos, de tratamiento y trámite de legalización, con una mejora sustancial de la situación medioambiental, según los análisis en el mar efectuados, con resultado de buena calidad de las aguas.
“Por ello, esta decisión judicial cautelar explica que ahora estamos en una nueva medida cautelar que debe valorar una situación jurídica y de hecho transformada por el avance expuesto debido a la actuación coordinada de las administraciones, tras el primer auto de medidas cautelares, para adecuar la situación a la normativa europea y nacional sobre vertidos, obteniendo unos resultado analíticos de las aguas costeras que sí se ajustan a esta normativa”, ha concluido el magistrado.