El Consejo Consultivo rechaza revisar de oficio las autorizaciones del Monkey Beach Club
El Consejo Consultivo de Canarias, en un dictamen emitido el pasado 27 de octubre, rechaza la revisión de oficio de las autorizaciones concedidas por la Viceconsejería de Política Territorial para la ampliación del Monkey Beach Club, una sala de fiestas que se ubica en primera línea de la playa de Troya, en el municipio tinerfeño de Adeje.
El dictamen, que además de preceptivo es vinculante, concluye que la resolución de la secretaria general técnica de la Consejería de Transición Ecológica de Canarias, que propuso en abril la anulación de las autorizaciones, “no argumenta por qué esos servicios, en este caso concreto, no son convenientes” para el litoral, en relación a la actividad que desarrolla el Monkey Beach Club, que se levanta sobre la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.
Los miembros del Consejo Consultivo son nombrados a propuesta de los grupos parlamentarios. Aunque se trata de un órgano colegiado, es decir, las decisiones se toman por consenso, en cada dictamen se nombra a una persona como ponente. En el caso de las autorizaciones del Monkey Beach Club, esta responsabilidad recayó en la jurista Cristina de León Marrero.
Cristina de León Marrero llegó al Consejo Consultivo a propuesta de Coalición Canaria. Con la formación nacionalista en el Gobierno autonómico ocupó varios puestos técnicos de alta responsabilidad. De hecho, fue secretaria general técnica de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad desde julio de 2015 hasta el 23 de enero de 2017, cuando fue cesada, según consta en el Boletín Oficial de Canarias. La primera de las autorizaciones para ampliar el Monkey Beach Club cuestionadas, fechada el 19 de enero de 2017, se otorgó mientras aún ocupaba oficialmente el cargo de secretaria general técnica de Política Territorial.
El Monkey Beach Club tiene como actividad principal la organización de fiestas privadas. No es el tradicional chiringuito de playa al que cualquier usuario del litoral pueda acceder. Se trata de un local cuyo principal negocio, además de contar con un restaurante, es la organización de eventos musicales a los que solo pueden asistir aquellas personas que paguen por entrar a la instalación.
El uso del local es el epicentro del debate jurídico abierto en la vía administrativa de cara a su posible adecuación a la Ley de Costas. Una controversia que se resuelve en paralelo a la jurisdicción penal, donde existen abiertas unas diligencias que nacieron de una denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio por la ampliación de la instalación. En la causa se investiga al exviceconsejero de Política Territorial de Canarias, a técnicos de la Demarcación de Costas y del Ayuntamiento de Adeje, así como al alcalde y a varios concejales del municipio del sur de Tenerife.
Lo que se dirime en la vía penal es mucho más complejo que el debate administrativo, que se centra en aclarar si el Monkey Beach Club cumple con los usos permitidos por el artículo 25.2 de la Ley de Costas, donde se establece que en la servidumbre de protección, “con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas”.
No existe controversia a la hora de reconocer que la actividad del Monkey Beach Club puede tener una ubicación distinta a la primera línea del litoral o de descartar que sea necesaria para el dominio público marítimo terrestre. El problema surge en saber si presta un uso “conveniente”, ya que se trata de un concepto jurídico indeterminado, lo que ha llevado a la jurisprudencia a concluir que es necesario analizar caso por caso.
Un uso conveniente
Durante la tramitación del expediente que dio pie a las dos autorizaciones que concedió la Viceconsejería de Política Territorial para dar luz verde a las obras de ampliación, una en 2017 para el primer proyecto y otra en 2019 para un modificado del original, los técnicos del departamento autonómico concluyeron que el uso del Monkey Beach Club era conveniente para el dominio público marítimo terrestre. No fue hasta que se presentó una petición de la Comunidad de Vecinos Galaxia, en la que se solicitaba la revisión de oficio de los permisos, cuando se empezó a cuestionar esta decisión.
El expediente de revisión de oficio concluyó con una resolución de la actual secretaria general técnica de la Consejería de Transición Ecológica, donde se integra el área de Política Territorial, en la que se proponía la anulación de las autorizaciones por considerar que los usos del Monkey Beach Club no son convenientes para el litoral. Una posición que mantuvo la funcionaria a pesar de que los servicios que en su día informaron a favor de la ampliación de la instalación se ratificaron en su posición inicial.
Para la secretaria general técnica, Marta Bonnet, los distintos informes en los que se apoyó el entonces viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero, para otorgar las autorizaciones no motivaron de manera suficiente que el uso de la sala de fiestas fuera conveniente para el dominio público. Una posición que, a la inversa, sostiene ahora el Consejo Consultivo en su dictamen sobre la resolución de la jurista principal de Transición Ecológica.
El dictamen del Consejo Consultivo llega a la conclusión de que la secretaria general técnica “no aporta ninguna razón convincente que nos lleve a considerar que, efectivamente, en este caso concreto, esos servicios no son convenientes”, lo que considera una “ausencia de motivación” suficiente para no aceptar la revisión de oficio de las autorizaciones.
El criterio histórico que mantiene el Consejo Consultivo sobre las revisiones de oficio es restrictivo, hasta el punto de que obliga a las administraciones a motivar sus propuestas de manera que sean capaces de tumbar principios básicos como la buena fe o las consecuencias vinculantes que se desprenden de los propios actos.
La resolución de la secretaria general técnica que proponía anular los permisos se basó en varios argumentos que el Consultivo considera insuficientes. La funcionaria motivó su propuesta en que la ampliación del Monkey Beach Club podría producir un impacto negativo sobre el dominio público porque ya existen multitud de actividades similares en la zona, lo que provocaba que se incrementara con su puesta en funcionamiento la carga de usos del área. Su razonamiento se fundamentó en que la presencia de multitud de bares, restaurantes o salas de fiesta en la zona no implica que cualquier actividad de esta naturaleza deba ser considerada conveniente.
En los informes previos que se emitieron y que avalaron las autorizaciones ahora discutidas se justificó la conveniencia del uso por estar amparado por el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de Costa Adeje, anulado por los tribunales después de la concesión de los permisos, bajo el argumento de que el Monkey Beach Club “hace viable la renovación urbana y edificatoria de la zona turística”.
La posición del Consultivo es decisiva en la vía administrativa, dado el carácter vinculante del dictamen, y supone que la Consejería de Transición Ecológica no podrá anular ya las autorizaciones del Monkey Beach Club. Un aspecto que también puede ser clave de cara a cómo se interpreta el papel del Ayuntamiento de Adeje, que apoyó la concesión de sus licencias en los permisos otorgados por el Gobierno de Canarias. Otra cosa es la vía penal, donde la instrucción aborda un espectro más amplio, al investigar también los aumentos de altura y superficie que concedió el PMM al local de ocio.
La polémica con el PMM
Sobre la validez de las licencias municipales existe un contencioso judicial abierto, que tendrá que resolver el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en fase de apelación, a raíz de un recurso presentado por la Comunidad de Vecinos Galaxia, después de que el Ayuntamiento desestimara por silencio administrativo la petición de revisión de oficio de los permisos. En este caso, el conflicto bascula alrededor de la interpretación de la disposición adicional única del PMM de Costa Adeje.
La disposición adicional única del PMM estableció que en las construcciones que ocupan la servidumbre de protección del dominio público sería obligatorio aplicar los parámetros fijados por la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas. Para los vecinos de la Comunidad Galaxia, en una posición que comparte el dictamen del perito judicial elaborado en la causa penal, esta regulación tendría que haberse interpretado como una prohibición de la posibilidad de conceder licencias para la ampliación de construcciones que implicasen un aumento de superficie o altura, como ocurrió con el Monkey Beach Club.
La disposición adicional única se añadió a última hora en respuesta al informe desfavorable emitido el 20 de mayo de 2015, dos días antes de la aprobación del PMM, por la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, donde se advirtió de que las edificaciones ubicadas en la servidumbre de protección “quedarán sujetas al régimen establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, pudiéndose solamente realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes”.
El PMM de Costa Adeje fue anulado por los tribunales por una cuestión formal, por lo que nunca se llegó a analizar el fondo de un documento que concedía importantes aumentos de los aprovechamientos urbanísticos a varios negocios asentados en el litoral del municipio del sur de Tenerife. Los promotores que fueron más rápidos, y ampliaron sus instalaciones antes de que la Justicia tumbara la nueva ordenación, como el Monkey Beach Club, pudieron aplicar unos parámetros que no caben con el Plan General de Ordenación (PGO) en la mano.
Como la anulación del PMM no obliga a dejar sin efecto las licencias concedidas bajo su vigencia, estos promotores se han aprovechado de los beneficios de una burbuja urbanística que creó el Gobierno de Canarias con la aprobación ilegal de los planes de modernización, muchos de los cuales han caído en los tribunales, como el de Costa Adeje.
La pregunta que se abre ahora es cómo va a afectar el dictamen del Consejo Consultivo a la causa penal que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona, que encara en estos momentos su fase final. Hasta ahora, la posición de la Fiscalía y del perito judicial pone contra las cuerdas a los imputados en el procedimiento. En las diligencias previas, además de la concesión de las autorizaciones y de las licencias para la ampliación, también se investiga la calificación urbanística y el significativo incremento de la edificabilidad que se concedió en el PMM a la parcela del Monkey Beach Club.
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