El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas (CIATF), ha iniciado un proceso que involucra a los 31 municipios de la isla con el objetivo de sumar a todas las administraciones competentes en materia de agua para el consumo humano y así adoptar las medidas que posibiliten, de manera progresiva, el control y la vigilancia integral de la red de abasto en la isla, de manera especial en el tránsito desde las zonas de alumbramiento, las galerías y pozos, hasta los depósitos municipales, algo que hasta ahora no se hace, como ha reconocido el propio CIATF.
El Consejo Insular de Aguas, organismo que controla el Cabildo de Tenerife, ahora pretende implantar esos controles a toda prisa, tras el informe técnico emitido por la Dirección General de Salud Pública, dependiente del Gobierno de Canarias, como consecuencia del episodio de contaminación que se produjo a raíz de la gestión irregular en la piscifactoría de Aguamansa (La Orotava), una explotación para la cría de truchas que gestiona de forma directa el Área de Medio Ambiente del Cabildo tinerfeño, con el consejero socialista José Antonio Valbuena como responsable.
Con ese objetivo central, el vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, y el consejero insular de Aguas, Manuel Martínez (ambos del PSOE), mantuvieron una reunión este viernes con representantes de los ayuntamientos en la que expusieron el “nuevo escenario que plantea la normativa europea, que obliga a sumar todos y cada uno de los canales de transporte, sea cual fuere el uso del caudal transportado, para que la autoridad sanitaria pueda realizar el control y seguimiento correspondiente sobre la calidad del agua”, se indica en una nota de prensa del organismo. En esta línea, Martínez recordó que ya se está trabajando desde el Cabildo para que el agua industrial forme parte del Sistema Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).
El Cabildo, como órgano supramunicipal, lidera y coordina la respuesta que se está dando desde las distintas administraciones para desarrollar un calendario de actuaciones que parta de un análisis previo de todas esas medidas que se requieren para satisfacer los requisitos de la normativa europea.
Parte de esas medidas, ya fueron acordadas en la Junta General del Consejo Insular de Aguas celebrada el jueves día 9 de noviembre, y pasan por la corrección del flúor en la comarca de Acentejo, así como por el control de las diferentes instalaciones de desalinización y desalación que gestiona el Consejo Insular de Aguas en diversas comarcas, entre otras actuaciones.
Junto a los municipios y las comunidades de agua
El gerente del Consejo Insular de Aguas, Javier Davara, también presente en la cita con los municipios tinerfeños, cifró “en más del 40%” el control integral que del caudal destinado a consumo humano se pasará a tener en virtud de la normativa vigente, lo que responde al programa de vigilancia y control. Este porcentaje se aumentará de manera progresiva con la implantación de un calendario en el que ya se está trabajando, tanto con los municipios como con las comunidades de agua.
Durante la reunión se incidió en la necesidad de que el Gobierno de Canarias manifieste su apoyo y se ponga a disposición de las administraciones locales de la isla, aparte de que esté presente en el desarrollo de las medidas para cumplir con los requisitos que la normativa requiere.
Asimismo, Abreu señaló que estas iniciativas forman parte de una estrategia que está desarrollando el Cabildo ante el reto que supone para Tenerife la gestión de agua. El vicepresidente insular subrayó que desde el Cabildo “se ha ido dando respuesta puntual a todos los desafíos que plantea el tratamiento del agua, siempre de la mano de todas las administraciones y entendiendo que es un reto del que todos han de ser partícipes para tener una isla más sostenible y respetuosa”.