La caída del estado de alarma, el pasado 9 de mayo, ha dejado en manos de la Justicia la aplicación de determinadas restricciones para frenar el avance de los contagios: fue el caso del toque de queda, tumbado por el Tribunal Supremo, y, más recientemente, las restricciones a la hostelería en nivel 3 de alerta sanitaria en Canarias, anuladas por el Tribunal Superior de Justicia del archipiélago (TSJC).
Desde que decayó el estado de alarma, el Consejo de Gobierno, que decide cada jueves los cambios de los niveles de alerta de las islas teniendo en cuenta sus indicadores epidemiológicos, ha tenido que ingeniárselas para aplacar la temida curva que, en las últimas semanas, no deja de dibujarse en un trepidante ascenso, al menos en Tenerife, el territorio con peores datos del Archipiélago y que viene lastrando desde principios de junio la incidencia en el conjunto canario, pero también en Gran Canaria, donde los contagios diarios han empezado a crecer desde que comenzó julio.
Lo cierto es que en estas ocho semanas desde el 9 de mayo Tenerife ha acumulado 5.590 casos nuevos de COVID-19, 505 positivos más que en las ocho semanas anteriores, cuando se notificaron, entre el 14 de marzo y el 9 de mayo, 5.085 casos. Uno de los hechos diferenciadores entre ambas fechas es, precisamente, el fin del estado de alarma, que dificulta la aprobación de las restricciones para dominar la curva de contagios.
Asimismo, entre el 9 de mayo y este 4 de julio, se han sumado 24 muertes de pacientes con la enfermedad, mientras que en el periodo anterior fueron 65, una disminución considerable que llega marcada por el avance de la vacunación en la isla, que ya ha inmunizado a sus mayores, los que peores perspectivas tienen de superar la COVID-19.
Fin del estado de alarma y restricciones en la hostelería
Hace al menos dos semanas el Consejo de Gobierno decidió pasar a Tenerife al nivel 3 de alerta sanitaria, pero el TSJC echó por tierra todas las restricciones que afectaban al sector de la hostelería, donde, casualmente, se han registrado varios brotes de coronavirus.
La ausencia de esta medida, junto al toque de queda y el cierre perimetral, hace más difícil el control del coronavirus el Archipiélago.
El sector de la restauración en la transmisión de la COVID-19 ha sido objeto de numerosas investigaciones desde el principio de la pandemia. Tres expertos en epidemiología social, Usama Bilal (profesor asistente en la Drexel University de Filadelfia), Pedro Gullón (profesor en la Universidad de Alcalá de Henares) y Javier Padilla (médico de familia en un centro de salud de Madrid), publicaron un artículo que revisaba la literatura científica sobre el impacto de este sector en la incidencia del virus. Y del análisis de 20 estudios extraían una conclusión de “gran consistencia”: el cierre de los locales de hostelería y restauración es “una de las medidas más efectivas” para disminuir los contagios. Los controles de aforo en el interior y la gestión de las corrientes de aire y la ventilación son, además, “elementos importantes para evitar el rápido incremento de casos”.
En contrapartida, el TSJC apuntaba en el auto que “la prohibición absoluta del servicio y permanencia en zonas interiores y la limitación al 50% del aforo en las terrazas al aire libre ni se han demostrado como las causas de la problemática de contagio en la isla de Tenerife ni mucho menos se prevén como las soluciones a una situación que no es dramática para la presión asistencial, pero que sí constituye todo un drama para el sector de la restauración y de la hostelería”.
Todo ello ha motivado al Gobierno canario a consensuar una series de medidas con los hosteleros, llegando el pasado miércoles a un principio de acuerdo para aumentar del 50 al 75% los aforos en terrazas, decretar el cierre de los establecimientos a las 00.00 horas y permitir la apertura en el interior de los locales con un 50% de aforo y un porcentaje de los clientes vacunados con la pauta completa (10%) para el nivel 3.
Cribado y vacunación masiva, medidas para frenar los contagios
Ante el constante avance de los contagios, el Gobierno de Canarias ha decidido llevar a cabo tres medidas extraordinarias en Tenerife a lo largo de este fin de semana: la llegada de nuevos test para secuenciar más rápido las variantes, un cribado masivo y una jornada de vacunación de 24 horas ininterrumpidas. El objetivo era medir y aislar a los asintomáticos de las tres localidades con peores datos epidemiológicos, acelerar la inoculación en residentes de entre 40 y 59 años y así avanzar en otros grupos etarios, y descubrir las cepas dominantes en la isla.
Ninguna de las campañas, ni la de cribado ni la de vacunación, llegó al objetivo propuesto por la Consejería de Sanidad. De hecho, de las 53.947 personas convocadas para hacerse una prueba diagnóstica en Granadilla de Abona, Barranco Grande (Santa Cruz) y La Cuesta (La Laguna), solo acudieron 1.730, un 3,2%. Tampoco se alcanzaron los 12.000 vacunados, aunque la estadística en esta campaña es mucho mejor: se inoculó a 8.028 personas.