La falta de formol para realizar autopsias durante un fin de semana de febrero evidenció una de las consecuencias del conflicto enquistado en el Instituto de Medicina Legal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A ello se le suma otro tema de actualidad: la plantilla denuncia la falta de un protocolo de actuación para la determinación de la edad de los menores no acompañados que llegan a Canarias por la ruta marítima más peligrosa del mundo. Entre otras cuestiones, se reprocha que existe un ortopantomógrafo (aparato para realizar esas pruebas para certificar la edad) sin funcionamiento en una zona que creen que no reúne las condiciones. Este problema se ha trasladado recientemente al Diputado del Común, pero además, el personal ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Consejería de Sanidad el deterioro de las instalaciones del centro.
Desde el pasado mes, los trabajadores y trabajadoras se encuentran en huelga indefinida, un hecho que ha llevado al Gobierno de Canarias de CC-PP a anunciar nuevas medidas tales como más partidas presupuestarias (casi cuatro millones más) o la incorporación de dos nuevos auxiliares en el servicio de autopsias. Sin embargo, gran parte de la plantilla que secunda el paro cree que son iniciativas insuficientes e insisten en solicitar el cese del director, Jesús Vega González, que además fue condenado por poner un “castigo encubierto” a un trabajador el año pasado.
La condena suponía además de la sanción económica la obligada apertura de un expediente por parte de la Administración Pública. Esta es precisamente una de las reivindicaciones de la plantilla, que sostiene que se deben “incoar los expedientes disciplinarios que ya hay establecidos por sentencia judicial firme”. Desde el actual Gobierno de Canarias apuntan que ese expediente se abrió en la pasada legislatura y que concluyó sin despido. Además de este conflicto, el Poder Judicial amparó a una jueza que denunció por presiones y descalificaciones a Jesús Vega. Este periódico ha intentado contactar con el director del IMF sin que haya sido posible obtener respuesta. “Tenemos un problema muy serio con la dirección del Instituto de Medicina Legal que es el principal gestor de los recursos y la persona que distribuye el trabajo”, asegura una forense a este periódico.
Los trabajadores y trabajadoras inciden en que entre los objetivos de la huelga indefinida (que afirman que no puede realizar todo el mundo por cuestiones económicas) se encuentra que se cese al director del Instituto de Medicina Legal por “irregularidades” y por “falta de transparencia”. Así mismo, solicitan la “incoación” de los expedientes pertinentes y “depuración de responsabilidades” que puedan derivarse de ello. Desde la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia del Ejecutivo se señala que “hay un expediente abierto, que sigue su curso, y que se está contrastando con la información aportada. Una vez concluya, se tomará la decisión que indique el expediente. También apuntan que se han convocado varias mesas de negociación y que la directora del área ha acudido por ser ella a quien corresponde.
Por otro lado, el personal exige más medios para la correcta actividad del Instituto de Medicina Legal. Y en este punto, reclaman concretamente médicos forenses, auxiliares de autopsia, psicólogos forenses, trabajadores sociales así como cuerpos de tramitación y auxilio fiscal. En definitiva, un “aumento de plantilla” además de una “gestión rápida y eficaz de las ausencias de personal”. Subrayan que se debe “garantizar el adecuado cumplimiento de los derechos laborales y en materia de seguridad de los trabajadores”.
Otra de las demandas es que se regulen las jornadas de guardia a los auxiliares de autopsia y cuerpos de tramitación y auxilio judicial. Se incide en la necesidad de dotar a los diferentes servicios de los materiales necesarios y de una adecuada provisión regular de los mismos, “asegurando una adecuada adquisición y distribución del material fungible necesario para la realización de autopsias médico-legales y equipos de protección personal”. Otra cuestión que se exige es que se garantice la recogida de restos biológicos, implementar un sistema de recogida de de los productos tóxicos (formol) o la adquisición de congeladores para la conservación de muestras biológicas.
Así mismo, los trabajadores instan a que se ejecuten mejoras en las infraestructuras para su correcto funcionamiento y cumplir de este modo la normativa vigente. Por ello, recalcan que se deben reparar salas de autopsias y zonas de tránsito de los cadáveres, así como la sustitución de cámaras de conservación “pues sufren averías cada semana”. También piden que se adopten medidas del actual reglamento de los institutos de medicina legal y ciencias forenses y que se actualice el plan de actuación del Instituto de Medicina Legal, ya que el vigente data del año 2005.
Irregularidades que se han enquistado
La plantilla habla de un “trato hostil” por parte del director y de su “falta de transparencia”. En un escrito, se incide en su “omisión” de las peticiones realizadas por el Consejo de Dirección ante “las irregularidades” de su gestión y remarcan que el personal carece de información sobre cuestiones “necesarias para el correcto desarrollo de la actividad del Instituto”.
Entre esas irregularidades mencionan que el director se designó y certificó a sí mismo turno de guardias seguidos durante meses, en muchas ocasiones solapadas con las guardias de área de La Laguna con el “desconocimiento del resto de médicos forenses”. Exponen que esos hechos han motivado un “expediente judicial” actualmente en curso. Según sostienen los trabajadores firmantes del escrito de preaviso de huelga (fechado el pasado mes de enero) “falta transparencia” en cuanto al cumplimiento de la normativa que regula el funcionamiento de los institutos ya que, según aseguran, el director lleva “años” sin “ejercer las funciones inherentes de su puesto de trabajo como médico forense en el Partido Judicial de La Laguna” pese a “no estar liberado de las mismas”, por lo que esas tareas las están asumiendo “forenses de refuerzo”.
Un apartado en el que insisten los trabajadores y trabajadoras es que no existe “planificación alguna” en cuanto a la organización del instituto y la actividad de su personal y acusan al director de haber acordado traslados de forenses entre diversas delegaciones “de un día para otro” sin “previsión, ni planificación previa” y “totalmente al margen de la actividad de los servicios y jefaturas.
Otra de las cuestiones en las que hacen hincapié médicas forenses consultadas por este periódico es que “no existe un registro de actividad” ni “estadísticas” de la actividad global del instituto y que las decisiones sobre medidas de personal, distribución del trabajo y medios materiales se toman sin “datos objetivos”, lo que genera “diferencias de cargas de trabajo” en los servicios y delegaciones “ante el desconocimiento de la actividad global del mismo”. En este sentido, ponen como ejemplo ese anuncio del Gobierno de Canarias de inyectar dos millones de euros a este instituto, pues remarcan que no hay estadísticas en la que basar ese aumento de presupuesto, quizás sean necesarias más partidas o incluso menos. “Las decisiones sobre lo que estamos reclamando de medios materiales y personales las toman al margen de la negociación con los comités de huelgas”, afirma una forense.
Retrasos en los peritajes
Entre las carencias que sigue reivindicando la plantilla también se recoge que no existe “planificación” “ni se toman medidas” ante las creaciones y modificaciones de órganos judiciales. Exponen como ejemplo lo que ha supuesto la desaparición de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de algunos partidos judiciales que ha llevado a que se concentre la actividad en otros (como es el caso de Santa Cruz de Tenerife y Arona) y la creación de un nuevo juzgado de Instancia e Instrucción en Granadilla.
Otra irregularidad que destacan es la falta de previsión en situaciones puntuales de falta de personal como es la falta de psicólogos o más recientemente técnicos de autopsia, lo que ha obligado a suspender o retrasar peritaciones por la falta de acuerdos con otras instituciones para poder solventar este problema con personal ajeno.
Tampoco creen que exista una adecuada gestión del traslado de médicos forenses y auxiliares de autopsia donde “no se respeta la dignidad y los derechos de los trabajadores”. Creen que es “inconcebible” por parte de la Administración que “se les exija adelantar el dinero de su bolsillo” o “se retrase la vuelta hasta un día por falta de previsión”. Así mismo, agregan que no existen protocolos de actuaciones en casos de “grandes catástrofes” y que “no se facilita” información sobre gestiones o tramitaciones de actividades “tan básicas” como la forma de cumplimentación y tramitación de las hojas de desplazamiento de taxis.
Falta personal y traslados “sin criterios objetivos”
La falta de personal sigue siendo una de las reivindicaciones clave. Los trabajadores y trabajadoras destacan que hay una “ausencia” de adopción de medidas ante esta situación, que conlleva a una sobrecarga de trabajo en diferentes sedes y servicios del Instituto de Medicina Legal. Esto conlleva a “retrasos” en la emisión de informes y “sobrecargas” en la actividad de los forenses afectados.
Por otro lado, denuncian que por parte del director se han tomado “medidas arbitrarias” “con perjuicio del servicio que presta el instituto a los juzgados y al propio personal de este organismo en cuanto a ”aprobación de vacaciones, medidas adoptadas ante la falta de personal y traslado de personal de una sede a otras sin criterios objetivos y sin previa planificación“.
La huelga continúa y a finales de abril, los miembros del comité de huelga compuesto por los sindicatos Intersindical Canaria, CCOO, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) o la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) intervendrán en una Comisión Parlamentaria. Por su parte, la última medida del Gobierno de Canarias ha sido la de anunciar la adjudicación del suministro e instalación de una cámara mortuoria de refrigeración y una estación de tallado, destinadas al uso del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en La Palma.