El reciente anuncio del Cabildo tinerfeño, del pasado 29 de julio, de que iba a externalizar la gestión de las 24 viviendas bioclimatizadas del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), ubicado e Granadilla de Abona, ha despertado reacciones críticas en la oposición socialista en la Administración insular y de exconsejeras como María José Belda (que fue primero portavoz de Sí Podemos y, luego, estuvo entre los no adscritos) por apreciar reparos legales, éticos y políticos a una medida que conciben como el comienzo de una posible privatización del Instituto y por dudas sobre el encaje legal de este paso.
El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juanjo Martínez, niega en declaraciones a Canarias Ahora, que esta decisión con la gestión de las casas suponga un primer paso para la privatización del ITER. “No se está privatizando para nada. El ITER es el instrumento más potente que tenemos para avanzar en el cambio del modelo productivo. Está a la vanguardia en ámbitos como la supercomputación, la robótica, la investigación agroespacial, el uso de cables submarinos, la robótica marina… Nunca nos hemos planteado una privatización, pero estas casas suponen un recurso importante para estudiar en el campo de la construcción sostenible, los materiales, estructura y diseños con el fin de reducir el consumo de energía a través de la fotovoltaica. Sin embargo, no se estaban utilizando desde la parálisis de la pandemia y entendemos que, de esa forma, no aportan nada al ITIR, sino que supone unos costes anuales de 200.000 euros que debían evitarse”.
“Con este paso, seguiremos con la investigación e información, al tiempo que una empresas especializada del sector turísticos cubre ese gasto y aporta un canon y una participación”, explica. Según señala, “para el ITER resultaba muy forzado seguir con la investigación mientras se ocupaba de la gestión, la limpieza de las casas para su alquiler y prepararlas para dar un servicio adecuado a los clientes, incluida la recepción y la entrega de llaves”.
Su visión, sin embargo, no la comparte el PSOE, que advierte desde hace semanas de las “irregularidades urbanísticas” de estas casas, “que no son viables con su explotación privada sin completar antes la regularización de sus instalaciones”. Además, recalcan que fueron concebidas como laboratorio para la investigación y experimentación sobre construcción sostenible y carecen de escritura pública de obra nueva y de inscripción registral.
“No consta información sobre su referencia catastral, ya que todos los metros cuadrados construidos en la zona figuran como oficinas”, avisan, al tiempo que recuerdan que no cuentan con licencia de primera ocupación, “que reporta las condiciones de habitabilidad, y que solo disponen de licencia individual de primera utilización para su uso como laboratorio a escala natural”, apuntan.
Las “amplias irregularidades” se completan con la ausencia de conexión a los servicios municipales de agua, aunque se autoabastecen con una depuradora que se construyó sin permiso del Consejo Insular de Aguas.
Reformar once casas con 120.000 euros públicos para aprovechamiento privado
Por su parte, Belda, en un reciente artículo, daba por hecho que esto es el comienzo de la “privatización del ITER”. Además, recuerda que existe vigente una licitación por 120.000 euros públicos para reformar 11 de las 24 casas, por lo que censura que, en vez de seguir siendo explotadas por lo público (“tal y como recogen los estatutos del ITER”), ahora se beneficie una empresa privada turístico de las infraestructuras y mejoras hechas “con dinero de todos”.
Para Belda, lo ideal sería mantener la explotación pública y que el dinero recaudado se use para “invertir en la emergencia habitacional (…) o la acogida de menores sin referentes familiares; por el contrario, se van a utilizar para que el sector que está participando activamente en la degradación del territorio y la explotación laboral de nuestra gente obtenga aún más beneficios en nuestra Isla, mejore su oferta y gestione un bien público”.