El Consejo de Ministros ha concedido un indulto parcial, que evita el ingreso en prisión, a un empresario condenado en 2012 por la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife por haber estafado a varias familias de la isla pidiéndoles adelantos para la compra de viviendas que nunca llegó a construir.
Según el decreto publicado esta semana por el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno ha conmutado la pena de tres años y medio de cárcel impuesta al empresario José Manuel Magdaleno Hernández por un delito continuad de estafa por otra de dos años de prisión, a condición de que abone las responsabilidades civiles establecidas en la sentencia de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife a favor de los perjudicados por sus actividades y de que no vuelva a cometer delitos dolosos en los próximos cuatro años.
En concreto, el tribunal condenó a Magdaleno a devolver 69.500 euros a seis familias que le habían adelantado ese dinero, los intereses devengados por esas cantidades y todos los perjuicios que se acreditasen en ejecución de sentencia “derivados de la inversión del dinero para la adquisición de una vivienda familiar, así como de todos los arrendamientos y otros gastos generados”.
Los hechos por los que fue sentenciado este promotor se remontan a 1999, cuando consiguió captar a varios clientes para que invirtieran en urbanizaciones que presuntamente iba a construir su empresa, Archipiélago de Viviendas SL, en los municipios de Tacoronte y Guía de Isora, a sabiendas de que no iban a edificarse.
La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife consideró probado que, en vista de la mala situación económica por la que pasaban sus negocios, este empresario “ejecutó un plan preconcebido para defraudar a los compradores de viviendas a construir o en construcción, los cuales debían entregar diversas cantidades anticipadas y con cargo al precio final de aquellas, sin voluntad alguna de construir las viviendas objeto de las compraventas”.
El Consejo de Ministros le concedió el indulto parcial en su reunión del 30 de diciembre, por estimar que en este caso “concurren razones de justicia y equidad”.