El único Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que se halla abierto en la actualidad en Canarias es el de Tenerife, situado en Hoya Fría (Santa Cruz de Tenerife), por el cierre del ubicado en El Matorral (Fuerteventura) y por obras de mejora del emplazado en Barranco Seco (Gran Canaria).
Esta situación obliga a derivar al CIE tinerfeño a las personas migrantes en situación irregular, según ha informado este martes en la Radio Autonómica el portavoz en la isla de la Confederación Española de Policía (CEP), José Luis Gallardo. Fuentes de la Delegación del Gobierno se limitaron a reconocer que, de forma transitoria, este es el único centro que se mantiene en funcionamiento.
El portavoz sindical, en declaraciones al programa Buenos días, Canarias, añade que se han producido traslados en los últimos días a Tenerife, aunque también se ha repatriado a países del África subsahariana a inmigrantes arribados recientemente en cayucos.
La entrada de personas sin papeles a Canarias ha aumentado respecto al pasado año en más del 300%, dado que hasta mediados de agosto han sido internados 466 ciudadanos extranjeros por este motivo, frente a 113 en 2017. El pasado año arribaron a las costas canarias cuatro pateras con 50 migrantes a bordo.
La Confederación Española de Policía ha denunciado además, por boca del citado representante, “la falta de efectivos para garantizar la seguridad” en el CIE de Hoya Fría, pues considera “insuficiente” la dotación de “tres o cuatro” agentes por turno (mañana, tarde y noche) para un total de 100 personas internadas.
Al respecto, Gallardo explica que “no no solo hay internados subsaharianos arribados en cayuco; también existen otros migrantes en situación irregular, algunos con antecedentes policiales y otros penales, y algunos incluso vienen de prisión para su expulsión”.
En el CIE estas personas de nacionalidad extranjera pueden permanecer hasta dos meses, transcurridos los cuales deben ser repatriados a sus respectivos países (en avión) o bien puestos en libertad.
El cierre del CIE de Fuerteventura lo ordenó a finales de junio el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Aunque el centro permanecía vacío desde 2012, el Gobierno estatal, con el PP en el poder, tramitó costes de millones de euros para servicios como alimentación, limpieza, consumo, mantenimiento y el servicio médico, tal y como aparecía indicado en dos documentos oficiales publicados por eldiario.es, la Fundación PorCausa y El Confidencial el pasado diciembre.