El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto por el que modifica la medida cautelar provisionalísima sobre la suspensión del cierre del emisario submarino del polígono industrial del Valle de Güímar ordenado por el Ayuntamiento de Candelaria y lo limita a nueve meses.
Así, hasta el próximo 13 de marzo de 2018, día que expira el plazo, las administraciones y los empresarios deben buscar una solución definitiva a los vertidos, ya que, de lo contrario, la medida cautelar expirará y el Ayuntamiento de Candelaria podrá acometer el cierre.
Durante este periodo, las administraciones públicas deberán hacer un censo de vertidos de cada empresa y núcleo de población en la zona en el primer mes, para luego controlarlos y obligar a retratar sus vertidos a las empresas y núcleos urbanos que contaminen con sustancias peligrosas y sustancias prioritarias en los términos de las directivas europeas, con la potestad de cierre de los desagües de vertidos individuales de empresas o núcleos urbanos que incumplan.
Según recoge el auto, en el polígono hay vertidos directos al mar sin depurar de aguas residuales industriales y urbanas que carecen de autorización medioambiental y de la concesión para ocupar con el emisario submarino el dominio marítimo terrestre.
Tanto la autorización como la concesión se dejaron caducar en 2011; sin embargo, esta situación corresponde a una obsolescencia sobrevenida derivada de los profundos cambios normativos e institucionales desde la creación del polígono industrial en 1973.
El juzgado ha tenido en cuenta que hay dudas serias sobre defectos de tramitación en el expediente administrativo del decreto del Ayuntamiento, en cuanto al trámite de audiencia debido, y también ha ponderado los relevantes intereses públicos medioambientales relativos a la calidad de las aguas costeras y la salud pública, por un lado, y los intereses privados de la actividad empresarial de 250 empresas establecidas legalmente en el polígono.
Además, expone que peligran los empleos de más de 3.000 personas y, por tanto, hay un interés público en preservar el empleo y sostener el sistema de la Seguridad Social.
Esta decisión judicial tiene en consideración las directivas europeas sobre políticas de agua y calidad del agua, cuyo objetivo es alcanzar un buen estado de las aguas costeras.