Las formaciones políticas Sí Se Puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) en los municipios de Güímar, Arafo y Candelaria han confirmado este jueves lo que ya habían anunciado como algo muy probable: la presentación formal de una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por los vertidos ilegales al mar desde el polígono industrial de Güímar. Este hecho ya se ha confirmado, pues en la mañana de este jueves integrantes de ambos partidos de izquierdas en esas tres localidades del Valle de Güímar han dado curso oficial, con su entrada por el registro, a la mencionada denuncia.
Además, portavoces de las mismas organizaciones ya habían pedido responsabilidades políticas a los gestores públicos de esos tres ayuntamientos y del Cabildo de Tenerife por el cierre del emisario submarino del polígono industrial de Güímar y por los vertidos ilegales realizados al mar en todo este tiempo de mal funcionamiento de esa instalación y a la vez de inoperatividad de la depuradora radicada en Güímar, lo que impide tratar las aguas residuales antes de ser expulsadas al mar.
Los concejales Agustín Espinosa, del grupo de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Candelaria; Francisco Hernández, de IUC en Arafo, y Lourdes Galindo, de Sí Se Puede en Güímar, firmaron la denuncia conjunta en la que ponen en conocimiento de la Fiscalía que, “desde hace decenios se están vertiendo aguas residuales sin depurar en el polígono industrial del Valle de Güímar”, se señala en un comunicado.
Espinosa aseveró que la denuncia incluye también el hecho de que en el polígono industrial de Güímar se carece de estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI) y que se ha incumplido de forma reiterada el programa de vigilancia y de control fijado en su momento por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
“También hemos incidido ante la Fiscalía en que, además del emisario que se está intentando solucionar, existen tres puntos de vertidos ilegales de aguas no depuradas que no cuentan con autorización”, manifestó el mismo concejal.
El daño al medioambiente y a la salud causado por estos vertidos, según los denunciantes, se cifra en datos preocupantes que son para asustarse y para tomar medidas de forma inmediata.
La mayor preocupación de los concejales es el destino de los 2.000 puestos de trabajo asociados a las empresas ubicadas en el polígono que ahora ven amenazadas su actividad si se procede al cierre, señaló Hernández, quien aseguró que “no se puede jugar con los puestos de trabajo de la gente ni con la salud de las personas usuarias de nuestras costas”.
La demanda alude prácticamente a todas las administraciones implicadas: el Consejo Insular de Aguas, porque, al tratarse de una instalación supramunicipal, es de su incumbencia; el Cabildo de Tenerife, entidad promotora y responsable de la gestión y conservación del polígono, y a la Asociación Mixta de Compensación del Valle de Güímar, el ente con mayor responsabilidad a juicio de los denunciantes porque son los que han permitido que caducaran los permisos de vertidos concedidos por el Gobierno de Canarias.
Tampoco los ayuntamientos de Güímar, Arafo y Candelaria han velado por la seguridad de sus habitantes, al permitir el vertido de aguas en sus costas, critican los denunciantes.