La formación política Sí Se Puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) han pedido responsabilidades políticas a los gestores de los tres ayuntamientos del Valle de Güímar y del Cabildo de Tenerife por el cierre del emisario submarino del polígono industrial de Güímar y por los vertidos ilegales realizados al mar en todo este tiempo de mal funcionamiento de esta instalación. Esos vertidos se han estado produciendo “en los últimos 40 años”, según aseguran esas fuentes. Ambos partidos estudian llevar este problema medioambiental ante la Fiscalía.
Las mismas organizaciones consideran una irresponsabilidad las actuaciones del Consejo Insular de Aguas, perteneciente al Cabildo de Tenerife, y de la Asociación Mixta de Compensación del polígono. A su vez señalan que tanto los empresarios como las administraciones públicas eran conocedores del problema medioambiental antes del cierre del emisario.
En relación con este asunto, el concejal Agustín Espinosa, de Sí Se Puede en Candelaria, dijo que “en la Asociación Mixta de Compensación sabían que estaban echando al mar aguas sin depurar, ya que a las empresas se les caducó el permiso en 2011 y no renovaron esa autorización. Cuando le cedieron el polígono al Ayuntamiento, el Consistorio se vio con este problema. Desde Sí Se Puede en Candelaria, lo advertimos en 2013, pero se nos miró con condescendencia”. El concejal advierte que con el cierre del emisario submarino en Güímar se pueden quedar sin empleo alrededor de 2.000 trabajadores. Espinosa resaltó que las empresas también eran conocedoras del problema, que “no solo es culpa de la administración”, subrayó.
Tanto desde Sí Se Puede como desde IUC están estudiando llevar este caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Según explicó Francisco Hernández, representante de Izquierda Unida Canaria y concejal en Arafo, “se deben depurar todas las responsabilidades políticas”, ya que este problema no es nuevo“. Tanto Hernández como Espinosa coinciden en que esos vertidos representan un problema grave, tanto para la fauna marina y la pesca como para la salud de los ciudadanos, ya que municipios como Güímar o Candelaria tienen costa y muchas zonas de baño.
Hernández indicó que “ahora se han visto con el problema encima porque les dan un mes de plazo. Esto en un mes no se soluciona”. Advierte que en este asunto ha habido dejadez por parte del Cabildo y que existe responsabilidad de los empresarios. También resaltó que “la Unión Europea ha destinado mucho dinero para que se solucionará el problema de los vertidos”. Hernández subrayó el papel que tienen los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar, donde, según expone, los partidos mayoritarios (CC-PP-PSOE) no se han ocupado de este asunto.
Desde el Consejo Insular de Aguas, Manuel Martínez, presidente de este organismo (del PSOE), avanzó que están valorando la situación con los servicios jurídicos para conocer las responsabilidades que puede tener el Consejo Insular de Aguas respecto al cierre del emisario. No obstante, entiende que los vertidos que se están produciendo no son competencia del Cabildo, sino municipal, pues son quienes tienen las competencias en el polígono industrial.
Instalaciones en malas condiciones
Según ha informado el periódico El Día, hace poco se realizó una inspección al emisario submarino del polígono industrial de Güímar ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Güímar, pues ahí hay abiertas diligencias contra los tres ayuntamientos (Candelaria, Arafo y Güímar) por los vertidos ilegales.
Además, se espera que con esa iniciativa se expliquen las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones y la falta de mantenimiento de estas. El mismo juzgado se encuentra a la espera de las muestras obtenidas en la inspección para determinar el grado de contaminación de las aguas marinas cercanas por los vertidos que se han ido realizando.