El Ayuntamiento de La Laguna solicitará al Gobierno de Canarias que le sea delegada la potestad de sancionar las infracciones que se produzcan en materia de protección del suelo rústico en el municipio. La petición, que será planteada a través de una moción que se debatirá en un próximo pleno, surge a iniciativa del concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, ante el incumplimiento de la legalidad urbanística detectado por la Gerencia de Urbanismo especialmente en el suelo agrícola.
Santiago Pérez explica que, desde hace meses, la Gerencia viene analizando una gran cantidad de información gracias a un convenio con la empresa pública Cartográfica de Canarias (Grafcan), que permite detectar de forma automatizada los cambios producidos en el territorio comparando las fotografías aéreas de un mismo entorno en diferentes años. Los datos obtenidos en esta primera campaña de revisión muestran que en los últimos cuatro años se han registrado 266 infracciones, de las cuales 205 se han cometido en suelo rústico de protección agraria.
“Si bien hemos detectado que en el suelo urbano las infracciones son pocas y de escasa entidad, no ocurre lo mismo en el suelo rústico de protección agraria, donde se está produciendo un gran número de infracciones, algunas de extraordinaria gravedad”, asegura el concejal.
Extraordinaria gravedad
“Estas infracciones, en general, no tienen que ver con la actividad propia del suelo agrario ni están relacionadas con nuestro sector agropecuario, sino que se trata de actividades de edificación con fines residenciales como construcción de chalets, dotación de piscinas y de solárium, entre otras obras, muchas de las cuales quedan impunes y acaban consolidándose en el territorio”, asegura Santiago Pérez, “debido a que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias tiene una dotación insuficiente de recursos humanos para afrontar su tarea en el conjunto del Archipiélago”.
Ante esta situación, el Gobierno municipal solicitará a la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Ordenación del Territorio y Transición Ecológica, que delegue en el municipio de La Laguna el ejercicio de la potestad de incoación, instrucción y resolución de los procedimientos relacionados con las infracciones contra la ordenación urbanística y territorial en suelo rústico fuera de asentamiento, así como de restablecimiento de la legalidad urbanística.
“Es una señal de colaboración y apoyo al Gobierno de Canarias y una expresión de voluntad y compromiso del actual grupo de Gobierno municipal de La Laguna en defensa del suelo agrario”, sostiene el concejal de Ordenación del Territorio. “Somos el primer Ayuntamiento de Canarias en reclamar esta función, que es perfectamente delegable desde el punto de vista legal, porque la Gerencia de Urbanismo sí cuenta con una importante dotación de medios humanos y podemos asumir esta responsabilidad con eficacia”.
De este modo, continúa Santiago Pérez, “podemos orientar nuestra actividad en materia de disciplina urbanística, priorizando la actividad inspectora, y en su caso la actividad sancionatoria, a atajar las grandes infracciones urbanísticas en suelo rústico. Nos parece una iniciativa importante desde el punto de vista de nuestro compromiso y nuestras prioridades políticas”.
“Sabemos que proteger el suelo agrario no consiste solo en ordenarlo y vigilarlo; hay que ponerlo en producción y hacerlo rentable, y Gobierno de La Laguna va a dar el do de pecho al respecto; algo que se hace más evidente en las circunstancias actuales, donde será necesario mejorar el autoabastecimiento de nuestras islas y de nuestro municipio”, concluye el concejal.
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