Mónica García, presidenta de Unión Kellys Tenerife, la asociación que defiende en esta isla de Canarias la mejora de las condiciones laborales de las camareras de piso (una de las entidades, aunque quizá la más importante, pues hiciste al menos otra vinculada a la organización de trabajadores Sindicalistas de Base), ha convocado este lunes a los medios de comunicación en la capital tinerfeña para trasladar a la opinión pública que en el último año ha sufrido “numerosos despidos que se han dado en los 20 días siguientes a su incorporación a los puestos de trabajo” e incluso ha llegado “al extremo de ser despedida en el primer día de una contratación”.
Esa camarera de piso, ahora en paro, vincula sus problemas de empleo al supuesto “afán que tiene un sindicalista por impedir que trabaje” en Tenerife, lo que a su vez guarda relación, sostiene la afectada, “con un posible resentimiento por haberse negado en el pasado a vincular la lucha de las kellys al sindicato al que tal persona pertenece”.
Aunque no ha querido decir a qué sindicato pertenece esa persona, de sus declaraciones se puede desprender que se trata de Sindicalistas de Base, la organización con mayoría de delegados en la actualidad en el sector de la hostelería en la provincia tinerfeña.
La presidenta de la asociación Kellys Unión Tenerife convocó a los medios de comunicación para trasladar el que considera un supuesto caso de discriminación, algo que asegura venir sufriendo durante el último año por parte de un sindicalista. Según dice, esa persona influyente “hace todo lo posible para que ella no consiga un puesto de trabajo”.
García cree que ese hombre, cuyo nombre no ha querido trasladar, “se está encargando personalmente de desprestigiarme entre los empresarios de la hostelería con el fin de que no cuenten con mis servicios profesionales” y para que así ella cese en su lucha por los derechos de las camareras de pisos. Esa persona es “la mano negra que actúa cuando alguien no acata sus órdenes o no quiere pasar por el aro que él dicta”, aseguró la dirigente de Unión Kellys Tenerife.
Esta misma camarera de piso residente en Adeje, municipio de Tenerife, dedica parte de su tiempo libre a defender los derechos de ese colectivo con amplia presencia de mujeres. A sus 41 años, García ya tiene una vida laboral con 22 en el sector, pues lleva trabajando desde los 15. En todo ese tiempo, no se ha visto en una situación de las características que ahora describe, reconoce.
Según ella misma narra, en el último año ha sufrido numerosos despidos que se han dado en los 20 días siguientes a su incorporación al trabajo, llegando al extremo de ser rescindido su contrato incluso en el primer día, no pudiendo concluir ni su primera jornada laboral y con una única explicación por parte de la compañía que la expulsó: “Es que me han mandado” a hacerlo.
García ha recalcado este lunes que todas las empresas que la han despedido tienen en común que pertenecen o están controladas en el comité de empresa por el mismo sindicato al que pertenece la persona que supuestamente la discrimina.
La presidenta de Kellys Unión Tenerife achaca ese supuesto afán del sindicalista por impedirle trabajar a un posible resentimiento por haberse negado en el pasado a vincular la lucha de las kellys al sindicato al que él pertenece: “Este señor irrumpe en nuestra asociación a finales de 2017 y, con el fin de poder hacer uso del nombre de las kellys en el ámbito sindical, se centra en absorber la asociación. Entonces, consigue dividir a las integrantes de la ejecutiva a través de una persona influenciable, a la que más tarde no solo colocaría en su sindicato, sino que la aforaría y la sentaría en la mesa del convenio. Con esa táctica -muy bien recibida por esa persona-, le hace disolver la primera asociación, porque ya era consciente de que no nos íbamos a dejar utilizar”, dijo García.
Según ha asegurado Mónica García, ella no es la única afectada. Los nombres de hasta quince mujeres más -que ha preferido no exponerlas públicamente- podrían figurar en la “lista negra” de ese sindicalista por razones similares.
García ha hecho conocedores de su situación a distintas instituciones, como Ashotel, partidos políticos, empresarios, jueces, sindicatos -incluido el de la persona que supuestamente le dificulta el acceso al trabajo-, al Diputado del Común, al alcalde de Adeje e incluso al mismo sindicalista, con el que asegura que ha mantenido una conversación de una hora y media “para arreglarlo por las buenas” y que le “abra las puertas que ahora les está cerrando”. No obstante, según afirmó García, el sindicalista ya mencionado “echó la culpa a los empresarios” que la han despedido.
García interpuso la semana pasada la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo, pues, según ha afirmado, era un trámite necesario para poder denunciar el caso públicamente. “No estoy aquí para pedir caridad ni para que me mantengan. Como ven, mi cuerpo todavía está bien para trabajar y nunca he propiciado escándalos. De hecho, la gente aún se pregunta cómo he aguantado tanto. Solo quiero que se sepa mi historia y se abran mis puertas”, concluyó.