La empresa Viqueira, promotora del hotel en La Tejita, recurrirá la orden del Ministerio de Transición Ecológica emitida este lunes de paralización de las obras y anuncia que irá a los tribunales para defenderse “de las amenazas y coacciones”, al tiempo que expresa su voluntad inequívoca e inquebrantable de luchar por el proyecto porque, afirma, tiene “derecho a ejecutarlo”.
El grupo Viqueira ha difundido este martes un comunicado en el que alude a la orden del Ministerio para la Transición Ecológica de paralizar la obra en la Urbanización Sotavento (Granadilla de Abona), sobre la que afirma que no le ha sido notificada y que el caso es “escandaloso”. También critica la información “falsa a sabiendas que han vertido políticos demagogos y populistas”.
“Hemos tenido que asistir atónitos al espectáculo de políticos pisoteando nuestros derechos y hemos sido sometidos a amenazas, coacciones, soportado daños sobre nuestros activos, sin que hayamos sido protegidos por quienes tienen el deber legal de hacerlo”, asegura el grupo Viqueira.
La empresa apela al empleo y afirma que con la ejecución del hotel se crearán más de 250 puestos de trabajo, pero lamenta que “hoy todos los trabajadores que se ganaban la vida en esta obra van a tener que irse a su casa” “sin que nadie les haya explicado por qué se les priva de su derecho a trabajar en un proyecto que cuenta con todas las autorizaciones que el ordenamiento jurídico español exige para que pueda ejecutarse”.
A su juicio, se ha constatado “con enorme tristeza y preocupación que se ha impuesto la demagogia, el populismo, la coacción y la amenaza sobre nuestro derecho a continuar con el desarrollo de este proyecto” y asegura el Grupo Viqueira que adquirió la urbanización donde se enclava la parcela hotelera en 1994, por lo que no se le puede imputar “ninguna clase de especulación sobre el terreno”.
El proyecto hotelero afirma que cuenta con todas las autorizaciones y licencias preceptivas necesarias para su ejecución, obtenidas de acuerdo con el deslinde actualmente vigente, aprobado en 2002, y antes de que se iniciase su revisión, prosigue el grupo, y obtuvo licencia urbanística para el proyecto básico de construcción el 19 de septiembre de 2017 y la autorización del Proyecto de ejecución el 21 de diciembre de 2018.
Esto es antes de la iniciación del procedimiento de revisión del deslinde, que tuvo lugar el 29 de enero de 2019.
Para el otorgamiento de la licencia se verificó el ajuste del proyecto al Plan General de Granadilla de Abona de 2005, en donde se obliga a que esa parcela sea para uso hotelero, y también al Plan Insular de Ordenación del Territorio en donde se especifica que la parcela tiene que ser hotelera “como imposición”, afirma.
También alude a la autorización de la Viceconsejería de Política Territorial previo informe favorable del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, que indicó que el deslinde aplicable es el aprobado en 2002 y que la anchura de la servidumbre de protección es de 20 metros, dando el visto bueno al proyecto del hotel.
El Servicio Provincial de Costas de Tenerife también levantó Acta de replanteo del deslinde marítimo-terrestre sobre el terreno el 22 de junio de 2018, en concreto, entre los vértices cuestionados en el procedimiento de revisión del deslinde, y de acuerdo con este replanteo del proyecto se están ejecutando las obras, indica la promotora.
Sostiene Viqueira “ante la manipulación y tergiversación” que dice sufrir que la parcela en la que se ejecuta el hotel es de suelo urbano consolidado desde hace décadas, situada fuera del espacio natural protegido.
Sin embargo, la resolución de la Dirección General de la Costa y el Mar, firmada este lunes, sostiene que los terrenos donde se está ejecutando la construcción -ya erguido su esqueleto a tres alturas- no forman parte del dominio público marítimo-terrestre, pero sí podrían resultar afectados por la servidumbre de protección del litoral, algo que repetidamente han sostenido los contrarios a la construcción. De acuerdo con la propuesta de revisión del deslinde vigente en ese tramo de costa, que alteraría de 20 a 100 metros el ancho protegido, el hotel en proyecto podría resultar inviable.
Viqueira, por su parte, advierte de que cualquier coacción o amenaza que pretenda impedir o dificultar la ejecución de las obras del hotel será adecuadamente respondida mediante el ejercicio de las acciones legales que correspondan porque “confiamos plenamente en los Tribunales de Justicia y a ellos acudiremos para obtener la tutela de nuestros derechos, para defendernos de las amenazas y coacciones de delincuentes, que no activistas, y de algún político demagogo y populista que, durante todo este tiempo, con mentiras e injurias, no ha dudado en denigrar el proyecto y perjudicar gravemente a esta empresa”.
Al respecto, asegura que la orden de paralización es un “nuevo atropello” a sus derechos que “solamente puede obedecer a las presiones ilegales e ilegítimas realizadas mediante la ocupación ilegal de las obras en curso”.
La empresa reitera su firme propósito de ejecutar el hotel de cinco estrellas porque “se ajusta estrictamente” a toda la normativa sin ceder “a coacciones ni denuncias carentes de amparo legal alguno” e indica que con el objeto de dotar de la máxima transparencia el proyecto, se habilitará una página web en la que se publicarán todas las licencias y autorizaciones así como la documentación relativa al proyecto.
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