Sí Se Puede lamenta que el castigo por la nula depuración de aguas urbanas en el Valle de Güímar recaiga en la ciudadanía

La formación política Sí Se Puede, en la oposición en Güímar, ha alertado este lunes de que la sanción firme de la Unión Europa (UE) por no cumplir con la ley en depuración de aguas residuales urbanas en el Valle de Güímar recaerá sobre la ciudadanía, pues “habrá que pagar cientos de miles de euros cada seis meses hasta que las aguas urbanas del Valle cuenten con un sistema de depuración que cumpla la normativa europea”

La organización ecosocialista asegura que, “pague quien pague”, las consecuencias son nefastas para el municipio. “La ciudadanía de Güímar es la que saldrá más afectada, sean de una institución o de otra la procedencia de los fondos”, expuso el concejal de Sí Se Puede en el Ayuntamiento güimarero, Ruyman Expósito.

“Entretanto, unos y otros se tiran la pelota a ver quién tiene que hacerse cargo del pago de la multa en un montaje que no es más que teatro”, añadió el concejal al referirse al cruce de declaraciones entre el Cabildo y el Ayuntamiento para determinar cómo se asumen las responsabilidades de que el Valle de Güímar no haya contado con un sistema de depuración de aguas residuales urbanas.

El portavoz de aquella formación recuerda que, desde que esta entró en la Corporación, “Sí Se Puede ya advirtió del problema y nadie nos hizo caso”. Igualmente, en 2017, el grupo ecosocialista defendió en el pleno de Güímar una moción para que se abriera una investigación que determinara quiénes habían sido responsables del incumplimiento. Entonces “votaron en contra, y parece ser que el gasto de dinero público no les duele”.

La organización ecosocialista lamenta que se haya llegado a esta situación por décadas de dejadez y de falta de responsabilidad. “Cuando hubo dinero no se invirtió en depuración de aguas porque es un gasto que no llama la atención y no produce votos de forma inmediata; ahora, esta irresponsabilidad se traduce en que, en los peores momentos de financiación de las administraciones públicas, será imprescindible hacer frente a la pasividad del pasado para evitar que el futuro de las inversiones europeas en toda Canarias no se vean condicionadas por este caso”, recalcó Expósito.