El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento de la capital otorgará autorizaciones “express” para la instalación de mesas y sillas en la calle a aquellos establecimientos de hostelería que no dispongan de espacio en el exterior. Las nuevas medidas impuestas por el Gobierno de Canarias impiden, desde este sábado, el uso del interior de los establecimientos de restauración con el objetivo de doblegar la curva del coronavirus en la isla.
El organismo municipal ha enviado una nota de prensa en la que afirma que estos permisos se darán “siempre que no suponga una afección a la seguridad de vehículos y peatones”. “Es una medida para tratar de evitar que muchos de ellos tengan que cerrar sus puertas en la peor época del año”, añade el alcalde.
El Ayuntamiento ha celebrado una reunión en conjunto con los técnicos municipales en la mañana de este jueves. Su objetivo ha sido “poner sobre la mesa las dificultades de aplicación de alguna de las normas anunciadas este miércoles”, entre ellas las que tienen que ver con las restricciones respecto a personas no convivientes. A juicio de Bermúdez, estas medidas “se han tomado sin tener en cuenta la imposibilidad de muchas instituciones municipales de Tenerife para hacerlas cumplir”, por lo que ha pedido al Gobierno de Canarias que “los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desplieguen más efectivos en la Isla para asegurar su cumplimiento”.
Terrazas “express” en aparcamientos de la capital
El Ayuntamiento capitalino habilitará un sistema “express” para tramitar la autorización de ocupación de vía pública por mesas y sillas, usando para ello “si fuera preciso espacios de aparcamientos ubicados en el frente de dichos establecimientos” sentencia la nota emitida por el organismo. Asimismo, sentencia que se hará cargo de la instalación de barreras de hormigón para garantizar la seguridad de los usuarios de estas terrazas.
“Un duro golpe a la hostelería”
El organismo dirigido por Bermúdez estudia también la posibilidad de cerrar algunas calles al tráfico de manera provisional y mientras duren las medidas restrictivas anunciadas por el Gobierno de Canarias.
José Manuel Bermúdez, que estuvo acompañado, entre otros, por el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, y la segunda teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, Evelyn Alonso, ha manifestado que estas medidas “suponen un golpe muy duro al sector de la hostelería y la restauración”.
Por ello, ha exigido al Cabildo y el Gobierno de Canarias que “articulen de manera urgente subvenciones o bonificaciones fiscales para mitigar las nefastas consecuencias que dichas medidas van a tener en el sector, ya que ambas administraciones han presumido de presupuestos expansivos para 2021”.
A este respecto ha recordado que los ayuntamientos “hemos tenido que diseñar unos presupuestos reducidos para el próximo ejercicio, obligados por la baja generalizada de los ingresos, por lo que deben ser el Cabildo y el Gobierno de Canarias quienes afronten esas compensaciones”.
En esta línea, Bermúdez añade que “a pesar de reducir un 10% nuestro presupuesto, Santa Cruz de Tenerife ya ha tomado determinaciones en ese sentido para 2021, reduciendo en un 50% la tasa de basura para todas las pequeñas y medianas empresas del municipio”.
Además, el organismo municipal mantiene las restricciones implementadas hace unas semanas con respecto al cierre de parques y otros espacios públicos, a partir de las 19.00 horas. En este mismo sentido, afirma que “sigue a la espera” de la autorización por parte de la Delegación del Gobierno de 20 cámaras de videovigilancia como herramienta que permita dar mayor eficacia a la labor de los agentes de la Policía Local desplegados en las calles del municipio.
El comunicado emitido por el Ayuntamiento destaca “el esfuerzo de vigilancia y control por parte de los agentes de la Policía Local y miembros de Protección Civil, que han permitido imponer desde el mes de agosto más de 200 sanciones semanales”. De ellas, casi 2.500 vinculadas al no cumplimiento de la normativa dictada por el Gobierno de Canarias.