La Agencia del Medio ratifica la suspensión de las obras de la nave de Guaza y pide colaboración al Seprona para que se cumpla el precinto

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha rechazado el recurso presentado contra el precinto que decidió el pasado 13 de septiembre de las obras de una nave industrial que levanta desde hace años la empresa de coches de alquiler Cicar en Guaza, núcleo del municipio tinerfeño de Arona, el de mayor población de la comarca sureña. El órgano autonómico se ratifica en su consideración de que los trabajos incumplen la ley por carecer de las licencias necesarias y por desarrollarse en suelo rústico y fuera de ordenación. La parcela está clasificada como “urbanizable no programado, equiparable a rústico común de reserva”. 

Frente al recurso presentado por la empresa el 26 de septiembre, la Agencia se reafirma en sus criterios, notificando su nueva resolución al Ayuntamiento de Arona, la Fiscalía y el servicio del Seprona de la Guardia Civil, en este caso a la patrulla de Las Américas. En diversas comunicaciones, solicita a estas instituciones que, en aras “del deber de cooperación entre las administraciones, y al amparo del artículo 17 de la Ley del Suelo, en relación con el artículo 141 de la Ley 40/2015, se examine la presunción del delito y, en su caso, se adopten las medidas necesarias para, entre otras, evitar que se continúe con la actividad ilegal”.

El órgano regional, que ordena el “restablecimiento de la legalidad urbanística”,  también le ha notificado su decisión ratificadora a la compañía y al Registro de la Propiedad de Arona. Además, recuerda que el 3 de mayo de 2023 estas obras ya fueron precintadas por la Policía local de Arona.

Esta nave se construye desde 2021 muy cerca de la autopista Tf-1, donde ya existía antes un edificio destinado a empresas de coches y otras, aunque estuvo sin uso durante años. La parte denunciante considera, en línea precisamente con esa resolución de la Agencia Protección del Medio Natural del pasado mes de septiembre ratificada ahora, que la compañía nunca ha dispuesto de la pertinente licencia del Ayuntamiento de Arona (de obra mayor) ni de otras instancias superiores, sino, en tal caso, una solicitud de permiso bajo declaración responsable que, en principio, es totalmente insuficiente para seguir con los trabajos, Unas obras que se han reanudado en diversas ocasiones desde entonces y que siguieron como si no existiera la resolución de dicho órgano regional, tal y como comprobó Canarias Ahora en diversas ocasiones. 

Los denunciantes considera que el gobierno local (PP, CC y Más por Arona) ha mirado para otro lado hasta ahora con esta situación. Asimismo, creen muy grave que, en marzo de 2023, agentes de la Policía local decidieran por su cuenta dar por buena el pretendido permiso de obra esgrimido por la empresa, interpretando la orden del entonces edil de Urbanismo (PSOE) de suspender los trabajos y no obedeciéndola o ejecutándola. Por esto, han pedido su testificación, así como de numerosos técnicos y funcionarios del consistorio.

Sanciones, según la resolución de septiembre 

En su decisión del 13 de septiembre pasado, la Agencia advertía a la compañía que, incumplir lo ordenado respecto al precinto y suspensión de las obras, daría cuenta al Ministerio Fiscal “a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que pudiera proceder por ser presuntamente constitutivos de un delito tipificado en el artículo 556 del Código Penal”. Asimismo, y con independencia de eso último, le recordaba que “la inobservancia de las obligaciones de no hacer impuestas por medidas provisionales o cautelares adoptadas con motivo del ejercicio de la potestad de protección de la legalidad y del restablecimiento del orden jurídico perturbado puede ser constitutiva de infracción muy grave, independiente a (de) la infracción principal, según el artículo 372.4.b) de la Ley del Suelo, sancionada con multa de 150.001 a 600.000 euros (art. 373.c)”. 

La resolución también indicaba la intención de requerir a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y telecomunicaciones que no procedan a ninguna conexión de servicios con esta nave o, en su caso, desconecten las ya establecidas.