Los “irreductibles” del desalojo masivo en Tenerife mantienen la acampada y lucharán ante la justicia

Canarias, como España en general, se encamina en este 2024 hacia otro año de récords turísticos, pero las grietas, paradojas o contradicciones del modelo económico en múltiples enclaves del litoral isleño y español se multiplican. Es lo que ocurre desde hace dos semanas, de forma incluso descarnada y casi emblemática, en la parte final de Costa del Silencio, núcleo del municipio tinerfeño de Arona, en el sur de la Isla, justo en la linde con el puerto deportivo y el campo Amarilla Golf de San Miguel de Abona.

El desalojo masivo del pasado 12 de este mes del edificio Chasna 8, en la calle del mismo nombre y propiedad de la misma familia dueña de ese puerto y campo para golfistas (los Tavío), es ya uno de los más graves en la historia de Canarias por sus consecuencias sociales, dado que 90 familias con un total de 210 personas, incluidos unos refugiados ucranianos, mujeres embarazadas, menores, mayores con enfermedades y hasta gente con trabajo, ocupaban desde hace un máximo de 8 años este inmueble creado en los 70, nunca terminado y abandonado durante todo este tiempo. Pero, además, parece haber despertado consciencias, al menos temporalmente, debido a su gran repercusión mediática y porque se ha abordado en el pleno del Parlamento regional y en el fuego político cruzado entre gobierno (CC-PP) y oposición (PSOE) del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Arona en estas dos semanas.

Aunque intentaron paralizar o, al menos, posponer el desahucio mediante diversos recursos y escritos presentados en el juzgado número 3 del municipio, la sala desdeñó los argumentos de los afectados y se agarró al informe local del año 2021, que constata problemas en la edificación y que aconseja su desalojo, si bien las familias esgrimen que se mezcla la situación del edificio número 8 con el 10 (“que no tienen nada que ver”) y cuestionan que exista el estudio estructural exhaustivo de los inmuebles al que insta ese “análisis ocular” de hace tres años.

Las medidas paliativas aplicadas por las administraciones públicas en estas semanas han impedido, al menos, que las madres con menores dispongan de solución habitacional y que ningún niño o niña se quede sin techo decente. El consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez (CC), también anunció el pasado martes, en sesión plenaria en la Cámara autonómica, que la Comunidad ofrece el programa Prohogar al consistorio para abordar esta situación “y otros desahucios que se dan, pues este no es el único en las Islas”, en palabra del propio Rodríguez.

Sin embargo, hay medio centenar de afectados por el desalojo que, aparte de no disponer de alternativas de vivienda, hasta ahora, por parte de familiares, amigos o administraciones, ha decidido acampar junto al edificio que, hasta hace muy poco, fue su hogar, en el que realizaron obras de reforma e incorporaron placas solares para contar con energía y sobre el que creen que se ha decretado un desahucio ni bien justificado, ni justo ni coherente en el actual contexto de precios de venta y alquileres imposibles en el Sur de Tenerife y, en especial, en municipios como Adeje y Arona.

Encima, con la gran paradoja de que, justo al lado, en el edificio Chasna B, tres apartamentos sucesivos presentan el ya célebre cartelito de VV (vivienda vacacional), que también están proliferando desde hace años en las zonas urbanas y medianía de las Islas, “lo que hace que no haya casi casas accesibles en ningún lado”, según se queja Antonella Alioti, exedil de Sí Podemos Arona que apoya constantemente a estas familias y que tiene en el problema de la vivienda una verdadera cruzada personal y política desde hace años.

Pero es que, justo encima del Chasna 8, otro inmueble, con apariencia más moderna, propia de un lugar eminentemente turístico, cuenta también con más VV y con carteles de “se alquila” y “se vende”, aunque ninguna de esas 90 familias, ni siquiera las que tienen a miembros que trabajan o logran “cáncamos” de vez en cuando, se plantean marcar el número incluido en el anuncio por razones más que poderosas. Aplastantes. 

Y es que Costa del Silencio, como gran parte del litoral del Sur tinerfeño, rebosa de turistas y así lo atestiguan constantemente sus intrincadas calles, las terrazas de sus dispersos bares y hasta las guaguas de Titsa que van hacia Los Cristianos y Las Américas, los dos enclaves turísticos señeros de la comarca. Uno referentes del sector terciario que presentan ahora, días antes de la Semana Santa, un  100% de ocupación, otro de los argumentos esgrimidos por el consistorio para hablar de situación compleja y sin alternativas en una etapa en la que, según admite la concejal de Bienestar Social, Ruth Martín (CC), este “éxito” turístico total contrasta descarnadamente “con la vuelta al chabolismo que, por primera vez en mucho tiempo, estoy viendo en el municipio y con problemas de ocupación en otros edificios”. 

En este contexto, esos 50 “irreductibles” del edificio Chasna, con su portavoz, Eloy Outerial Miniño, a la cabeza,  recalcan que van a luchar en los juzgados hasta que se aclare bien lo sucedido y no piensan abandonar su acampada improvisada, mediante furgonetas, casetas y toldos, por mucho que la propiedad esté vallando la parcela con planchas metálicas, también en cumplimiento de la decisión del juzgado número 3 de Arona. Eso sí, y en declaraciones a Canarias Ahora, Eloy Outerial advierte de que ese vallado “se está levantando en terreno de la empresa Endesa sin que se sepa si hay acuerdo para eso entre las partes y con qué permiso local, aparte de que existe una serventía que se debe respetar”. Por eso, y ante la posibilidad de que sean desalojados también de aquí, tal y como se ha ido especulando de forma creciente en los últimos días, avisa, irreductible, de que se resistirán y, en tal caso, “acamparemos al otro lado de la vía, en terreno rústico. Eso sí, nos tendrán que sacar con palas primero…”.

Eloy llevaba 5 años viviendo en el edificio 8. Se dedica a la construcción por su cuenta en la zona cercana de La Estrella y, de hecho, arregló el apartamento que ocupó, incorporándole placas solares que ahora tiene junto a su furgoneta en la acampada. Como otros de los 50 y de los 210 que llegaron a vivir en este inmueble hasta el desalojo, lo que cobra no le da, ni de cerca, para costearse un alquiler y ha de buscarse un techo como puede.

Lo mismo le ocurre al madrileño Juan José, que lleva 17 años en la Isla, que trabaja en una carnicería cercana y vivía solo en el edificio porque lo que cobra no le da para otras alternativas con los precios actuales. “Hace 6 años, conseguí un piso de 3 habitaciones en Las Rosas, con una azotea completa, por 500 euros; eso ahora está en 1.500 o más. Es imposible así. Ayer mismo (por el pasado martes), estuve buscando por esta zona, en El Chaparral, y lo único que encontré es un piso de una habitación, de 40 metros y por 700 euros. Es que, aparte de pagar una casa, tengo que comer. El problema es que, hace 10 años, veías muchos ‘se alquila’ y, ahora, vivienda vacacional, de lo que culpo al ayuntamiento porque es el que las concede”.

También forma parte de la acampada la familia ucraniana Pantsulai, integrada por Mirian (75 años), su esposa Tamar Janiashvili (61), su hija, Hana Pantsulaia (47) y su nieto, Stanislav Medvediev (29). Estos dos últimos tienen el reconocimiento oficial de refugiados de larga duración por motivo de la invasión rusa de Ucrania, por las que sus padres se los trajeron a la Isla hace dos años. Según explica Mirian, aún no han logrado una solución por parte de la embajada de su país en España, si bien se mantienen las gestiones y le han indicado que se pondrán en contacto con el Ayuntamiento aronero. Eso sí, de momento, y con claras muestras de cansancio en sus caras por el paso del tiempo, duermen en una furgoneta junto a una pequeña caseta.

Otro de los “irreductibles”, pese a sus problemas de salud, es Jorge Morales González, un pensionista originaria de Santa Cruz de Tenerife que prefiere no dormir en la acampada “porque necesito menos ruido y más tranquilidad por mis enfermedades”, pero que se pasa el día junto al resto de desalojados y se muestra muy crítico con lo sucedido. A Jorge, que vivió durante dos años en el edificio 8, no le da con su pensión y duerme desde hace dos semanas en una zona cercana del litoral en la que aparcan autocaravanas. Según recalca, “del Producto Interior Bruto que deja el turismo no vivimos nosotros. Yo mismo, con 500 y pico euros de pensión, puede que gaste más aquí, en los comercios, que turistas que vienen 10 días. El Diputado del Común (Rafael Yanes) ha salido hablando de nosotros, pero a mí, que se lo pedí, no me ha recibido”, se queja.

Dentro o fuera del edificio 8, en esta acampada o en otra un poco más allá que vuelvan a improvisar porque sufran un nuevo desalojo, estos 50 “irreductibles” seguirán teniendo una desgracia común: carecen de un techo decente en el que desarrollar sus vidas, aunque lucharán en el juzgado porque creen que tienen razón y porque quieren convertir su lucha en un referente que gire un modelo con tantas contradicciones en tan pocos metros cuadrados.