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90 familias en la calle y sin alternativa habitacional: así ha sido el desahucio de más de 200 personas en Tenerife

Llegó la fecha y a las 09.30 horas de este martes las más de 200 personas que vivían en el edificio Chasna, abandonado desde hace años y ubicado en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, han sido desalojadas al consumarse el desahucio que les fue comunicado hace apenas dos semanas. Un fuerte dispositivo de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se desplegó en el lugar a primera hora para proceder al vaciado del inmueble, de más de 40 viviendas, tras la orden dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona.

El drama de estas familias, aparte de perder su residencia, es que no tienen ninguna alternativa habitacional, ya que ni el Ayuntamiento ni el Cabildo han aportado ninguna solución, aunque fuese temporal, por lo que muchos, según han declarado a los medios de comunicación, irán a dormir a la playa.

El motivo del desalojo es la debilidad estructural y el riesgo de desplome del inmueble a medio construir en el que residen. La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, Ruth Martín, reconoció este lunes que en este caso no se han tenido en cuenta los informes de vulnerabilidad “por primar la seguridad de las personas”.

También explicó que no se había encontrado ningún lugar para alojar a estas personas y que el equipo de Servicios Sociales de Arona valoró la opción de habilitar algún espacio, una idea que se desestimaron por poder “sentar un precedente”: “¿Por qué habilitamos ahora un pabellón si no lo hicimos la semana pasada con las dos familias que se quedaron en la calle?”, se pregunta. La concejala reconoce que en el municipio, que por ahora no se ha declarado tensionado, se producen uno o dos desahucios a la semana. Se trata de uno de los municipios más turísticos de Tenerife y donde se ha proyectado recientemente la construcción de una nueva ciudad, El Mojón, de más de un millón de metros cuadrados de los que una tercera parte serán gestionados por el Ayuntamiento. Sin embargo, en este nueva ciudad no hay planeado construir ni una sola vivienda pública. Y eso que la concejala admite que la situación de la vivienda en el sur de Tenerife está “desmadrada”.

En el lugar se han vivido escenas de enorme tristeza, ya que estas familias, algunas con niños y personas mayores a su cargo, se quedan literalmente en la calle.

Detrás de cada persona desalojada hay una historia, como la de Daniela Garzón, madre de un bebé de 40 días, y que aguarda en una caseta de campaña improvisada en las inmediaciones del edificio Chasna. Dice que esta noche no sabe qué hará, pero por el momento espera junto a su pareja a ver si “tocamos el corazón” y alguien les ayuda. Su acento revela su orígenes, colombianos, y asegura que hace un año se instaló en este edificio a medio hacer: “No tenemos documentación ni contrato de trabajo, solo nos identificamos con pasaporte, entonces no podemos alquilar, por más que ahorremos”.

Daniela y su familia han intentado pedir ayuda a los servicios sociales municipales una vez recibieron la orden de desalojo -“hace un mes, sin sello ni nada, por eso no sabíamos si era verdad o mentira”- y lo que le han dicho es que necesitan tener una cuenta bancaria.

“Estamos recién llegados, no tenemos nada, y nos piden una carta blanca”, cuenta con desesperación esta vecina, de 21 años y con un recién nacido que acurruca entre sus brazos.

Otro de los desalojados es Joaquín, de 32 años, confiesa que el último mes, tiempo que el juzgado le ha dado para prepararse, ha sido especialmente duro, y se rompe y emociona cuando recuerda a su hija, de 5 años, con la que reside en este inmueble y que precisamente hoy celebra su cumpleaños.

“No hay recursos y no hay viviendas, nos dicen; sin embargo, trabajo en un hotel y mi jefe dice que tienen disponibilidad de 100 habitaciones”, lamenta cuando se le informa de que la administración local ha intentado buscar alternativas habitacionales sin éxito.

Y mientras critica la saturación y escasez de vivienda pública que aseguran las instituciones públicas, se pregunta: “¿Y este despliegue policial cuánto cuesta?”

A ello suma “la mentira” que para él supone que el edificio Chasna esté en peligro por desplome, porque, asegura, en 53 años “no se ha caído una piedra”.

Entre las voces y los alegatos que emiten los vecinos a la policía se escuchan expresiones que llaman la atención de los periodistas: “Esto es para un tipo que va a comprar y hacer de esto algo de lujo” o “la intención, dicen, es hacer un Mercadona”.

Joaquín, visiblemente cansado, confiesa que cuando salía de trabajar y le tocaba regresar a casa “agachaba la cabeza de la vergüenza”, un sentimiento que le producía vivir en este inmueble, pero matiza que no le ha quedado otra alternativa.

“Soy un trabajador que no pido nada gratis, y que actualmente cobra 1.200 euros, y no me dan siquiera la oportunidad de pagar 900 por un alquiler”, ha dicho ante el elevado precio de los alquileres en Canarias y las condiciones que se exigen para acceder a ellos.

Juan José, vecino que se ha mostrado muy solícito al atender a los medios y visibilizar su situación, se despide de la que ha sido su casa junto a su perro, pero denuncia que ha tenido que dejar parte de sus animales dentro, así como sus pertenencias, que ascienden a 1.000 euros.

Mientras reflexiona sobre los niños, personas mayores y discapacitados desalojados, asevera que “a la juez se le tendría que caer la cara de vergüenza” por esta orden judicial, porque, además, opina “que esto es ilegal, y lo que están haciendo es ignorándonos”.

Preguntado por su futuro, dice que se ve en la calle y durmiendo en la playa, porque no puede “hacer más”.

Y a pesar de todo lo ocurrido y la tristeza manifestada por estos vecinos de Arona en la mañana de este martes, uno de los hechos que ha parecido causar dolor es la ausencia de la alcaldesa, Fátima Lemes: “Ayer se vino a sacar la foto con la televisión y aquí no está, ¿hoy no le damos pena?”

Además del equipo policial y los afectados por este desalojo, también se han acercado ciudadanos de los alrededores y turistas, cuya curiosidad llevó a permanecer con sus bastones de senderismo y bicicletas ante el edificio en el que sucedía todo.

Entre los ciudadanos de Arona, una mujer que no ha querido dar sus apellidos lamenta que “esta pobre gente no tenga a dónde llegar” y ha aprovechado la presencia de los periodistas para pedir, sobre todo, ayuda al Gobierno de España: “Que pongan frenos a los propietarios con viviendas, que al igual se están pasando”.

Mientras la comitiva judicial entraba al edificio sobre las 9:30 horas de este martes y la Guardia Civil tocaba puertas y forcejeaba cerraduras un poco más tarde, decenas de historias han revelado relatos tristes que, a veces sobreexpuestos, tienen una completa ausencia de certezas.

Finalmente, el desalojo de 90 familias ha transcurrido en la mañana de este martes sin grandes altercados, aunque con el grito propio de una resistencia “pacífica”: “Menos mal que esto saldrá en todas partes y se les caerá la cara de vergüenza”, han expresado los afectados.