Absuelto el veterinario tinerfeño al que se relacionó con una trama de peleas de perros

La Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha absuelto de forma definitiva al veterinario tinerfeño al que se relacionó con la trama de peleas de perros en Güímar (Tenerife), después de que la Audiencia Provincial de Madrid se pronunciara en este sentido.

A raíz de un recurso presentado por la asociación Salvando Ángeles Sin Alas (SASA), la Audiencia ha justificado la absolución que a finales del pasado año el TSJM hizo firme, dado que no se presentó recurso ante el Supremo.

Los hechos saltaron a la luz pública cuando en la noche del 18 de febrero de 2017 en una finca del sur de Tenerife intervinieron agentes del grupo de medio ambiente, que interrumpieron un combate en el que se hacían apuestas. En la operación fueron liberados más de 200 perros.

En ese momento encontraron un animal muerto, otro herido y cuatro listos para iniciar nuevos enfrentamientos, un caso que llegó a sumar hasta 23 procesados de los que todos han sido condenados a penas de menos de dos años, menos dos veterinarios.

En el fallo de 2022, ratificado ahora, la Audiencia Provincial no consideró probado que los facultativos, uno de Tenerife y otro inscrito en los colegios oficiales de Toledo y de Madrid, conocieran el estado de los animales y su destino, entrenamiento y medicación para lograr el máximo rendimiento.

El TSJM recuerda que la actual legislación recoge que no se puede condenar a un encausado que quedó absuelto en primera instancia, ni agravar la pena, a no ser que se demuestre que se cometió un error de calado como es la insuficiencia o falta de racionalidad de alguna de las pruebas practicadas.

En este caso no se da ninguno de los supuestos pese a que la asociación alegó que las evidencias fueron evaluadas de forma equivocada basándose en declaraciones de otros encausados y testigos, así como de investigaciones tecnológicas.

Pero el TSJM considera que SASA no ha demostrado que la absolución incumple el deber de motivación ni lesiona sus derechos, como alegó el colectivo que defiende a los animales.

De esta manera no se pudo demostrar que el veterinario canario conocía la ilícita actividad que los otros acusados desarrollaban en las islas, documentaba los perros y proporcionaba consejo facultativo sobre medicación a administrar.

Todo ello con el fin de incentivar la agresividad de los animales y los curaba o facilitaba indicaciones para sanarlos tras los entrenamientos o peleas, haciendo viable asimismo su itinerancia, legal o no, lo que queda descartado ahora.

La trama desarticulada se dedicaba a criar perros potencialmente peligrosos a los que se adiestraba para ser más agresivos y proporcionaban sustancias como testosterona para enfrentarlos en peleas en las que resultaban muertos o gravemente heridos, sin que se haya demostrado que esto último lo hacían los veterinarios.

La red operaba a nivel nacional, local y regional, detectándose grupos en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga, que estaban interconectados con ramificaciones en el ámbito internacional.