La acusación particular se ha opuesto al sobreseimiento provisional que ha solicitado la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife para los imputados en la pieza 22 del caso Corredor, la que implica a Fernando Clavijo y otras 12 personas más, entre ellas el empresario de la noche y el juego Evaristo González Reyes y varios técnicos del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
En sus dos escritos de oposición, con fechas de 8 y 9 de marzo pasado, a los que ha tenido acceso Tenerife Ahora, Manuel Estévez, abogado del denunciante y también acusador Carlos David Calderón, solicita a la juez que en la actualidad instruye el caso, la titular del juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, que no se dé por sobreseído este asunto sin que se practiquen las pruebas que la misma Fiscalía solicitó o apoyó en diciembre pasado.
Entre esas pruebas estaría la prueba pericial que solicitó el anterior juez instructor, César Romero Pamparacuatro, sobre una veracidad de la grabación en audio que aportó el denunciante a la Fiscalía y en la que intervendría el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. De esa grabación, según la acusación, se deduce que Clavijo era conocedor de los intentos de soborno de un policía local, el imputado Juan Pedro Lutzardo, al denunciante para evitar actas por incumplimiento de horario de su pub Sketch.
El abogado expone que la propia Fiscalía da veracidad a la grabación y que en su escrito de petición de sobreseimiento señala que “no hay el más mínimo indicio de que se haya tergiversado la grabación, o se hayan efectuado supresiones que traicionen el sentido de la conversación mediante amputación de fragmentos”, por lo que manifiesta su asombro por que no sean apreciados suficientes indicios como para proseguir con la investigación.
Igualmente, el letrado solicita que sea llamada como testigo protegida la arquitecto Alejandra Medina, quien dice que asistió a una reunión en la que se encontraban Clavijo, el gerente de Urbanismo y el principal encausado en la pieza común del caso Corredor, el empresario Evaristo González Reyes. En este punto, el abogado de la acusación particular solicita de la juez sustituta que se pronuncie pues la solicitud de protección se hizo más de un mes.
La Fiscalía pidió más pruebas
El letrado es aún más crítico con la Fiscalía al recordar que hace tan sólo cuatro meses ésta se opuso “de manera enérgica a todos y cada uno” de los “ingentes recursos de reforma y subsidiarios de apelación” que han presentado las defensas de todos los imputados.
Así mismo, añade que ha sido la propia Fiscalía la que ha instado “una ingente práctica de pruebas tendentes a esclarecer los hechos investigados y depurar cuántas responsabilidades penales hubieran, empero, sorprende, cómo es que sin practicarse esas pruebas necesarias e imprescindibles para poder tener un mínimo juicio de valor y habiéndose practicado pruebas que en nada han aportado a la causa ya que, precisamente, faltan por practicar pruebas determinantes que desvelen el núcleo duro de toda la investigación”.
De la misma manera, la acusación particular se opone a la nulidad de las escuchas entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre de 2010, por carecer de auto judicial de prórroga de las mismas, y con ello, a que se dicte la nulidad de las pruebas obtenidas de esas conversaciones, y que dejarían sin base las imputaciones a Clavijo y varios técnicos del Ayuntamiento por delitos relacionados con el fraude de subvenciones a un asesor de CC sobre asuntos vecinales (Ricardo González) y a la concejala de Cultura, la socialista María Cruz Castañeda.
La acusación particular considera insuficientes las pruebas testificales practicas hasta la fecha (“tan sólo ocho tomas de declaraciones”, insiste), y aparte de la pericial sobre la grabación y la toma de declaración a Alejandra Medina, pide que sean llamados a declarar como imputados Francisco Celestino Jesús Barreto Rodríguez (quien se habría beneficiado de una apertura de local en La Cuesta antes de tener licencia para ello), José Antonio Santana y la técnico municipal Aymara Calero, y citados como testigos otras 10 personas, entre ellas tres policías locales y Vicente González, jefe de los Servicios de Licencias del Ayuntamiento lagunero.