La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral por el caso de Las Teresitas, en un escrito en el que pide 52 años de prisión para 12 de los imputados por este caso relacionado con la compraventa de terrenos en el frente de la playa de la capital tinerfeña.
En el escrito de la acusación está excluido el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), cuya situación ha sido instruida en el Tribunal Supremo por su aforamiento como senador, cargo que abandonó a final de 2014.
El fiscal pide 8 años de prisión para el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo (CC), así como cuatro años a los también exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), y a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como para sus hijos Carlos Plasencia y Pedro González.
La Fiscalía Anticorrupción también solicita cuatro años para el exsecretario general municipal, Eugenio de Zárate, y para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, la misma pena que para los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca.
La Fiscalía imputa a los funcionarios y cargos públicos presuntos delitos de prevaricación, por lo que pide inhabilitación especial, y de malversación de caudales públicos, que conllevan las penas de prisión.
A los empresarios, el Ministerio Fiscal les imputa presuntos delitos de malversación de caudales públicos.
El fiscal detalla en su escrito el proceso presuntamente urdido por los acusados que culminó en 2001 de compra municipal de los terrenos situados en primera fila de la playa de Las Teresitas y por lo que el Ayuntamiento pagó 52,5 millones de euros a Inversiones Las Teresitas SL, propiedad de Plasencia y González, a pesar de que la valoración de la arquitecta municipal era de 19,2 millones de euros.
El escrito del Ministerio Fiscal acusa a los imputados de “comportamiento arbitrario y postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado a los empresarios”, que obtuvieron un lucro final de 39,4 millones de euros a costa de “las arcas municipales y en definitiva, al pueblo de Santa Cruz”.
La Fiscalía afirma que el alcalde Miguel Zerolo y el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, dieron instrucciones para que se acomodara “la actuación completa de la administración municipal” para llevar a efecto lo que estaba pactado previamente con los empresarios, aunque se beneficiaba “única y exclusivamente a la parte privada a costa de un grave perjuicio a las arcas municipales”.
Agrega que de los 109.420 metros cuadrados de los terrenos que pensaba adquirir el Ayuntamiento, 63,700 ya habían sido cedidos gratuitamente al municipio en 1986, mientras que 9.076 estaban dentro de la línea de deslinde marítimo-terrestre, lo que, según las conclusiones de la Fiscalía, ya había sido advertido por la arquitecta municipal.
El escrito considera probado que en el convenio con los empresarios se incluyó una modificación urbanística para que otros terrenos de la zona de Las Huertas adquiridos por los empresarios junto con el frente de playa pasaran de ser de uso turístico extrahotelero a uso residencial, un aprovechamiento adicional para Plasencia y González valorado judicialmente en 9 millones de euros.
Además en el escrito se señala que el convenio de compraventa se produce de forma acelerada en un momento en el que los dos empresarios estaban “totalmente apremiados” por la necesidad de hacer frente a los intereses del préstamo de 33 millones de euros que habían solicitado en 1998 a CajaCanarias para adquirir a la Junta de Compensación de Las Teresitas tanto los terrenos del frente de playa como la zona de Las Huertas.
Los concejales José Emilio García Gómez y Emilio Fresco, según el Ministerio Fiscal, no solo no pusieron objeción a la compra de los terrenos, sino que la defendieron “siendo plenamente consciente del gasto público que ello suponía para las arcas municipales”, mientras que no consta que el resto de los concejales que votaron a favor “fueran conocedores o partícipes del plan urdido”.
El Ayuntamiento tuvo que aprobar un crédito extraordinario para hacer frente al pago de los terrenos, ya que carecía de fondos presupuestarios suficientes.