El acusado de falsedad en documento público y malversación como jefe de administración del Recinto Ferial de Tenerife, Ignacio C., ha negado este lunes los cargos, por los que la Fiscalía pide para él ocho años de prisión, así como la inhabilitación absoluta para ejercer funciones públicas durante 20 años. La Fiscalía también pide la inhabilitación especial para ejercer el sufragio pasivo por el tiempo de condena, y el pago de las costas. El juicio, con jurado, comienza después de que en 2016 el entonces gerente del Recinto Ferial, Ignacio Pintado, interpusiese una denuncia porque había un agujero contable de al menos 124.000 euros.
Pintado, que ha fallecido, fue cesado por el entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (Coalición Canaria), y tras la denuncia, el ahora acusado, que según dijo en el juicio se enteró por la prensa de la denuncia, se presentó en Fiscalía para colaborar.
Ahora la Fiscalía le acusa de apoderarse de 11.222 euros correspondientes a embargos judiciales así como de 124.508 euros que estaban en una cuenta que no estaba recogida en las normas contables, de 9.219 euros en vales, y de 354 euros para el pago de impuestos personales. De este modo el agujero contable ascendería a 145.304 euros.
En el juicio actúan como acusación particular el Cabildo de Tenerife y el grupo Podemos en la corporación insular.
Durante su declaración, el acusado, que trabajó durante 27 años para el Cabildo de Tenerife, donde se jubiló el 17 de junio de 2016, ha asegurado que a los tres meses de comenzar las funciones de jefe de administración dijo que era imposible y no recomendable que la misma persona llevase contabilidad y tesorería, pero no se le hizo caso, “supongo que para ahorrar salarios”.
Acerca de la acusación de mayor cuantía, 124.508 euros ocultos en otra cuenta, ha explicado que se trataba de pagarés incobrables y que el entonces gerente había decidido que no figurasen en pérdidas porque eso podría ser una causa de disolución de la empresa Recinto Ferial por lo elevado de las pérdidas.
Ante las preguntas de la Fiscalía y acusaciones de por qué esos pagarés no están en los archivos ha respondido que “eso no es posible. Estaban allí. Yo no los archivaba”, algo que deberían hacer las personas responsables de contabilidad y tesorería, respectivamente, ha dicho.
En cuanto a los 9.219 euros de vales de caja que, según la acusación, sacó a su nombre, ha asegurado que el dinero fue restituido y que si quisiera quedarse con el dinero sería un absurdo hacerlo con su nombre.
Estos vales son 73 movimientos y el acusado ha dicho que se trata de dinero que él reponía en efectivo y el vale lo colocaba en otro lugar, de forma que no formaba parte de la tesorería.
Sobre los 354 euros para pago de impuestos personales ha indicado que estaba de vacaciones cuando se dio cuenta de que tenía que pagarlos y por ello pidió al responsable de tesorería que los pagase con fondos del Recinto Ferial, y ha afirmado que repuso el dinero.
De los 11.222 euros correspondientes a embargos judiciales ha señalado que llegó a un acuerdo con el gerente para no comunicar a la empresa que hacía las nóminas que debían hacerle retenciones para pagarlas, y que el dinero para abonarlos saldría del Recinto y luego él lo devolvió.
Ha aseverado que tras la jubilación en el despacho entraron personas vinculadas a la empresa y que no sabe si los vales han sido manipulados, y también ha subrayado que tanto los auditores financieros como el gerente estaban al tanto de la cuenta con pagarés incobrables.
Cuando se jubiló, desde Recursos Humanos del Cabildo de Tenerife le comunicaron que no podía volver a entrar en el despacho, cuya llave cambiaron, y ha reiterado que a él no le correspondía archivar los pagarés, “que estaban allí cuando salí”.