Los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que en 2002 aprobaron unánimemente en el consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo comprar la casa Siliuto, en Santa Cruz, por el doble de lo tasado por los servicios municipales, en general, han testificado que no lo recuerdan y alguno incluso ha dicho que se enteró después por la prensa.
En la tercera sesión de la vista oral del juicio por el caso Siliuto, en el que están acusados por malversación y prevaricación los exconcejales Norberto Plasencia y Manuel Parejo, junto al funcionario Víctor Reyes, comparecieron como testigos la mayoría de los concejales que aprobaron la compra de ese inmueble por 612.000.
Ese fue el precio fijado por los propietarios, los hermanos Alonso Siliuto, si bien en el expediente figuraba una tasación municipal que reducía el valor a 332.000 y otra tasación externa encargada por el Ayuntamiento a Tinsa que llegaba a 705.000.
El expediente de compra se aprobó por unanimidad de los concejales de CC, PP y PSOE, en una reunión del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo celebrada el 3 de diciembre de 2002, sin que nadie preguntara por la disparidad de valoraciones y, en algunos casos, sin leerse la resolución o sin ser conscientes de lo que votaban, hasta el punto de que se enteraron después por la prensa, según sus propios testimonios.
A lo largo de la instrucción, los concejales, prácticamente todos con estudios superiores y muchos licenciados en Derecho, según quiso poner de manifiesto la Fiscalía, habían declarado como imputados pero en el juicio han comparecido como testigos.
Además de los dos ediles encausados, en la sesión de este martes el concejal Dámaso Arteaga ya había declarado como testigo que “la sintonía fue total” en la reunión del consejo de administración a favor de la adquisición del inmueble, dados los informes favorables del interventor y del secretario de la Gerencia, Víctor Reyes.
En la vista de este miércoles, el exconcejal Basilio Franco, de CC, admitió que no se leyó la propuesta de resolución que apoyó y que como político solo se fijó en que el expediente contaba con los informes de legalidad pertinentes.
Juan Antonio Rodríguez Lorenzo, del mismo partido, declaró que no recuerda nada, que ni sabe ni ha visto nada de la casa Siliuto y que no se acuerda de haber participado en la reunión del consejo de administración. Sugirió que la presencia de su nombre en el acta puede ser porque se hiciera “un corta y pega” de alguna otra sesión.
María José Gutiérrez Pajarón, del PP, aseguró ante el tribunal que, por más “esfuerzos de memoria” que ha intentado, no recuerda absolutamente nada de ese asunto.
Algo parecido le ha pasado a José Luis Martín (PSOE), que ni conocía el caso, probablemente porque era “un asunto menor”, y ni siquiera lo había oído nombrar nunca, aunque ahora ya sabe “lo que ha publicado la prensa” al respecto.
Jaime Sáez Cortés, concejal que empezó el mandato con el PP en la oposición, pero que al año se pasó al grupo mixto y al equipo de gobierno tampoco recuerda.
Votó a favor, como todo lo que proponía el Gobierno municipal, y la propuesta de resolución que apoyó la leyó “con posterioridad”.
El consejo de administración decidió en aquella sesión la compra de la casa y acordó que la plusvalía la pagara el vendedor, como establece la ley. Pero, cuando se fue a firmar la escritura ante el notario Fernando González Vallejo, se cambió una cláusula para que ese impuesto lo asumiera el comprador, la Gerencia de Urbanismo, algo que, según han coincidido todos los testigos, es un caso único en el Ayuntamiento.
La empleada municipal que tramitó el expediente como administrativa cualificada, Erminda de Vera, dijo que ignora quién o por qué se cambió esa cláusula durante el proceso de intercambio de borradores de la escritura con la notaría. Testificó que la anotación manuscrita en uno de los borradores en el que se incluye la nueva cláusula no es su letra.
Como lo que establece la ley es que la plusvalía la pague el vendedor, el propio servicio de Hacienda del Ayuntamiento, ajeno al pacto de la Gerencia de Urbanismo, abrió en 2004 un expediente de inspección a los hermanos Alonso Siliuto para que liquidaran los 12.000 euros del impuesto, que ya incluía un recargo.
Pero esa liquidación fue anulada por el entonces concejal de Hacienda, Guillermo Núñez, según declaró el que era jefe de Negociado de Hacienda Municipal, Ignacio González Valenzuela.
Sin embargo, Guillermo Núñez (CC), que ahora ejerce como profesor de Derecho Financiero en la ULL, testificó que no recuerda “absolutamente nada” respecto a haber anulado la liquidación de la plusvalía a un particular, y que de eso sabe “por la prensa”.
Lo que sí corroboró es que el pago de la plusvalía es “indisponible” entre las partes y que no recuerda ningún caso en que el Ayuntamiento asumiera el pago de ese impuesto cuando ha adquirido propiedades.