El Juzgado de Instrucción de San Sebastián de La Gomera ha dado por concluidas las investigaciones sobre los vertederos ilegales de la isla que inició hace 14 años, en un auto que observa indicios para juzgar por delitos ambientales a ocho cargos y excargos locales de la isla.
Este procedimiento se basa en una denuncia presentada en 2002 por la Guardia Civil, que ponía en cuestión la legalidad del vertido de todo tipo de residuos que se realizaba desde 1979 en la Punta de Ávalos, dentro de la Reserva Natural de Puntallana, en San Sebastián de La Gomera, así como en otros cuatro puntos de los municipios de Hermigua, Agulo, Vallehermoso, Alajeró y Valle Gran Rey.
En un auto fechado el pasado 9 de mayo, pero notificado este viernes, al que ha tenido acceso Efe, el juez Javier García Dávila concluye que existen indicios para imputar un delito continuado contra el medio ambiente al exalcalde de San Sebastián de La Gomera Ángel Luis Castilla Herrera y a dos concejales de esa misma localidad, Francisco José Darias Padilla y Eliseo Acevedo Barrera, por la gestión de un vertedero ilegal en la Punta de Ávalos.
Según el auto, desde 1979 hasta 2002 se fueron depositando de forma ininterrumpida en ese paraje protegido residuos de toda índole, como animales muertos, neumáticos, basura doméstica y escombros, al emplearse esa zona como vertedero municipal.
“La gestión del referido vertedero ilegal correspondió al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, que determinó a lo largo de este periodo que dicha zona se emplease para depositar o eliminar todo tipo de residuos”, argumenta el juez.
Por otro lado, el auto plantea que en ese mismo periodo fueron empleados otros lugares de la isla para almacenar todo tipo de vertidos: la Casa de la Cultura en Hermigua, la Punta Sardina en Agulo y Vallehermoso, el paraje de Juan Barba en Alajeró y el Risco de Heredia en Valle Gran Rey.
“Todo ello a pesar de que no existía ningún tipo de título habilitante que autorizase a depositar residuos en dichas zonas y sin que se efectuase labor alguna de selección o control de los referidos residuos por ningún organismo o entidad”, señala el juez, “dando lugar a que esas zonas constituyesen focos de riesgo sanitario para la población limítrofe”.
Según el auto, puede considerarse responsables de la gestión de esos vertederos ilegales -y presuntos autores de un delito contra el medio ambiente- al alcalde de Hermigua desde 1987 y hasta 2007, José Ramón Mora Hernández; el alcalde de Agulo desde 1991, Néstor López Pérez; el alcalde de Vallehermoso desde marzo de 2002, Jaime Noda Morales; y el alcalde de Alajeró desde el año 2000, Manuel Ramón Plasencia Barroso.
“Asimismo, la gestión de los vertederos de Risco Heredia y de Puntallana fue consentida por parte de Antonio Javier Trujillo Bernal”, añade el juez, “quien, a pesar de que era consejero de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Gomera y de que era buen conocedor de que estas prácticas resultaban especialmente nocivas para el medio natural, no adoptó ninguna medida para paliarlas”.
A través de este auto, el juez da traslado de todo lo investigado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares con el fin de que en un plazo de diez días desde su notificación (10 de noviembre) formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, o bien propongan el sobreseimiento de la causa.