El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha indicado este martes que no había antecedentes que indicasen que la denuncia presentada por la mujer que murió presuntamente a manos de su expareja la semana pasada en Tenerife “pudiera tener el final que tuvo”.
Vicente Garrido manifestó, en declaraciones a los periodistas, que su reflexión sobre este asunto es que “es preferible evitar un hecho gravísimo” como el fallecimiento de una mujer al coste que pudiera suponer cualquier medida de protección, aún a riesgo de que no fuera necesaria.
Preguntado por el número de procedimientos que se desestiman en este ámbito, el fiscal jefe dijo que entiende por esta consideración los que se archivan porque no existen indicios de haberse cometido un delito, y señaló que no tiene “instrumentos” para afirmar que llegan al 50% de las peticiones.
En general, de las 200.000 diligencias previas, esto es, denuncias que se presentan en un juzgado y que dan lugar a incoar un procedimiento, las que se convierten en asuntos reales de trabajo “no llegan a las 4.000”, precisó.
El archivo de una causa no implica que no haya delito, sino a que “a lo mejor no existe actividad probatoria contra quien lo cometió”, a que la denuncia se formuló bajo la apariencia de una actividad delictiva no lo sea e incluso en ocasiones, se ha archivado y luego se reabre, continuó Garrido.
En cuanto a la violencia machista, es “la zona de la administración de justicia penal que más rápida camina” y en la que los delitos más fácilmente “entran en diligencias urgentes” y se celebran los juicios con cierta rapidez, añadió.
No ocurre lo mismo cuando ha habido una agresión con intervención sanitaria o algo más grave, con pérdida de vidas humanas, cuando se requieren informes periciales, psiquiátricos y autopsias que demoran la tramitación rápida del proceso, indicó Garrido.
Respecto a la mujer fallecida el pasado jueves en Santa Cruz de Tenerife, el fiscal superior de Canarias señaló que se presentó una denuncia inicial en la que se determinó que no había situación de riesgo y, por lo tanto, no se acordó medida de protección alguna.
A la hora de evaluar una situación de riesgo influye “lógicamente”, dijo Garrido, la existencia o no de denuncias anteriores “y por lo que creo entender” esto es lo que determinó al juez instructor en este caso que no se adoptase la medida de protección que había pedido esta mujer.
Esto no quiere decir “que no existieran” los hechos de maltrato que denunciaba la mujer sino que “simplemente esos hechos no trascendieron al ámbito judicial”, añadió el fiscal superior de Canarias.