La Fiscalía considera que Ciudadanos (Cs) vulneró los derechos constitucionales de sus dos concejales en Santa Cruz de Tenerife que fueron expulsados por pactar con el PSOE en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, por lo que ha respaldado este martes la suspensión cautelar de esa decisión promovida por ambos. Así ha ocurrido en el juicio civil que este martes ha quedado visto para sentencia. Los dos concejales, Matilde Zambudio y Ramón Lazcano, votaron a favor de la socialista Patricia Hernández como alcaldesa en el pleno del 15 de julio, teóricamente en contra de las directrices del partido, según alega Ciudadanos, tras unas negociaciones a varias bandas que el fiscal, Manuel Ángel Martín Marrero, ha definido como “caóticas”.
Ciudadanos comunicó después al Ayuntamiento la expulsión de sus concejales, que pasarían a la condición de no adscritos y, de acuerdo con la Ley Canaria de Municipios, no podrían cobrar sus sueldos por dedicación exclusiva.
Para el fiscal, el procedimiento de expulsión por parte de Ciudadanos dejó en la indefensión a sus concejales y vulneró sus derechos fundamentales a la asociación y a la participación política, puesto que no se les dejó presentar alegaciones a unas pruebas aportadas cuando el expediente ya estaba en fase de recurso ante el comité de garantías del partido.
En cumplimiento de esta ley canaria, sobre la que recaen dudas de constitucionalidad por parte del secretario del Ayuntamiento, el pleno municipal deberá confirmar a finales de este mes el paso de los dos concejales al grupo de los no adscritos. Lo más probable es que antes de esa sesión plenaria, la jueza María Gabriela Reverón decida sobre si accede a no a las medidas cautelares, en una resolución para la que tiene un plazo de cinco días, que podría ampliarse porque la magistrada se irá una semana de vacaciones.
Ciudadanos se defiende
El abogado defensor de Ciudadanos, Pablo Piñero, afirmó que el procedimiento de expulsión ha respetado la Constitución, la Ley de Partidos y los estatutos del partido, los cuales fueron vulnerados a su entender de forma “muy grave” por los dos ediles al desobedecer la instrucción recibida por WhatsApp la víspera del pleno en la que se les instaba a votarse a sí mismos al no existir en aquellos instantes ningún pacto autorizado por el partido.
La suspensión cautelar de la expulsión de los concejales causaría un grave daño a la imagen del partido en un periodo electoral y un daño económico irreparable, aseguró el letrado. El argumento de la abogada de los dos concejales, Sandra Rodríguez, al que se sumó el fiscal, incidió en que, tras la instrucción preliminar del procedimiento interno y presentar alegaciones y recursos los concejales al comité de garantías, este pidió pruebas adicionales que no fueron comunicadas a los expedientaros y sobre las que no pudieron pronunciarse.
En concreto, el comité de garantías encargó un informe adicional a la responsable de las negociaciones de los pactos poselectorales, Teresa Berástegui, en el que esta habría aportado copias de nuevos mensajes y testimonio de conversaciones que abundarían en la desobediencia de las instrucciones recibidas, según la letrada.
La abogada interpretó que ante “la falta de diligencia” en la instrucción del expediente y la insuficiencia de las pruebas, el comité de garantías encargó la “fabricación” de pruebas ad hoc de las que no dio cuenta a los expedientados ni posibilidad de rebatirlas.
Según la letrada, la única prueba que aporta el partido es “un pantallazo” de un mensaje de texto “genérico” dirigido a un grupo de WhatsApp en el que están incluidos los concejales junto a otros cargos públicos en el que se les insta a votarse a sí mismos salvo que hubiera un pacto firmado y aprobado por el partido.
Sandra Rodríguez alegó que el partido debería haber transmitido una instrucción clara e inequívoca directamente a sus concejales, lo que en su opinión no ocurrió. Pero el abogado de Ciudadanos argumentó que ese grupo de correo era el medio de comunicación habitual y que el mensaje fue claro y fue leído por los dos concejales.
Sobre estos mensajes, el fiscal apuntó que en los días previos a la constitución de la Corporación, Ciudadanos negoció en distintos momentos con CC, PSOE y PP, como se aprecia en los mensajes aportados por las partes, que reflejan “una confusión enorme” en la estrategia.
En cualquier caso, si se incumplieron o no instrucciones deberá sustanciarse en el juicio correspondiente pero, de momento, lo procedente es la suspensión cautelar de la expulsión para garantizar los derechos fundamentales de los concejales, argumentó el fiscal.
Zambudio no está sorprendida por el apoyo de la Fiscalía
Los concejales expulsados se han defendido desde el principio asegurando que su actuación “fue conforme a las directrices dadas por los miembros del comité de pactos” y que actuaron conforme a lo “defendido en campaña”, es decir, asegurar el cambio de gobierno en la capital tinerfeña, sacando a Coalición Canaria del gobierno santacrucero.
Zambudio, primera teniente de alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, ha dicho, a la salida del tribunal, que no le sorprende el apoyo de la Fiscalía a las medidas cautelares solicitadas por ella y su compañero Juan Ramón Lazcano contra su expulsión del partido. En declaraciones a los medios, la concejala ha dicho estar muy satisfecha de que el fiscal coincida en que se han vulnerado sus derechos fundamentales en este procedimiento, tanto por la forma como por el fondo.
“No me ha sorprendido, nos esperábamos una posición tan clara”, porque “una vez visto el expediente disciplinario no se podía solicitar algo distinto”, argumentó. Zambudio señaló que cuando se instruyó el expediente ella y Lazcano presentaron sus alegaciones, tras lo cual se encargaron nuevas pruebas de las que no se informó a los ediles, dejándolos en situación de “indefensión”.