La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife solicita 16 años de cárcel para el empresario Evaristo González Reyes por seis delitos de estafa y uno de presentación de testigos falsos, según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público al que ha tenido acceso Mírame TV. El considerado cabecilla de la trama Corredor, abogado de profesión, se sentará en el banquillo de los acusados junto a otras ocho personas el próximo siete de mayo, fecha en la que la Sección Quinta de la Audiencia Provincial comenzará a juzgar una de las causas más mediáticas de los últimos años.
El caso Corredor saltó con fuerza a la actualidad en noviembre de 2014 con la imputación del por entonces alcalde de La Laguna y candidato de Coalición Canaria al Gobierno regional, Fernando Clavijo, actual presidente del Ejecutivo Autonómico. La pieza separada que afectó al dirigente nacionalista fue archivada después de una accidentada instrucción, en la que tuvo que dar un paso a un lado el juez responsable de la investigación, César Romero Pamparacuatro, y en la que fueron anuladas gran parte de las escuchas telefónicas que llevó a cabo la Policía Judicial.
Sin el calor de los focos mediáticos, el Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna continuó con la investigación del embrión de la causa, que tenía como epicentro las actividades de Evaristo González Reyes, un conocido empresario de la restauración y los juegos de azar. Ocho años después del comienzo de las pesquisas, y de que una parte importante de la investigación se viera afectada por la anulación de meses de intervenciones telefónicas, un total de nueve personas serán juzgadas por delitos de estafa, falso testimonio y presentación de testigos falsos. Todavía queda pendiente una pieza separada por delitos contra la Seguridad Social.
El escrito de acusación relata varios episodios en los que se considera probada la actuación criminal de González Reyes y sus colaboradores. Es el caso de la denominada estafa de Intermobil, que afectó a los terrenos que en la actualidad ocupa una gran superficie de venta de mobiliario. En su condición de abogado, el cabecilla de la trama inscribió los 4.800 metros cuadrados de la parcela a nombre de un cliente suyo, al que solo le correspondía un local de 75 metros cuadrados.
Movido por el “ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito”, según la Fiscalía, Evaristo González consiguió un poder de su cliente. A continuación, y sin avisarle previamente, “realizó numerosas gestiones” para obtener un crédito hipotecario de más de dos millones, para lo que utilizó como garantía la nave de Intermobil, “a sabiendas de que nunca iba a devolver el importe de ese préstamo” y de que el auténtico dueño de la parcela era Fesmacla SL.
Para llevar a cabo la operación, González Reyes elaboró un contrato de arrendamiento ficticio entre su cliente y la empresa de Intermobil, a razón de una cantidad mensual de 12.000 euros, que la Policía Judicial encontró durante el registro del despacho del abogado. “Para dar mayor credibilidad a la operación”, como relata el Ministerio Público, se procedió a tasar la nave industrial por medio de la empresa Arco Valoraciones, que tasó el inmueble en 4,1 millones de euros.
La Fiscalía pide un año de cárcel por la estafa de Intermobil para cada una de las cuatro personas que participaron en el desarrollo del “plan ideado” por el líder de la trama.
La estafa del Volkswagen
En otra de las estafas detectadas por la Fiscalía, Evaristo González Reyes utilizó la empresa Comercial Reyes Continental SL, de la que fue administrador único hasta noviembre de 2009. Junto al que pasó a ser nuevo dueño de la entidad y dos personas más, el cabecilla de la trama ideó un plan del que hay constancia gracias a las escuchas policiales.
El 3 de diciembre de 2009, la que hasta hace solo un mes era empresa de Evaristo González suscribió un contrato de préstamo con la sociedad Volkswagen Finance SA para la adquisición de un vehículo, modelo Touareg, por importe de 50.863 euros. El entonces administrador de Comercial Reyes Continental SL solo abonó las cinco primeras cuotas del plan de amortización.
Antes de que se inscribiera la operación en el Registro de Bienes Muebles de Santa Cruz de Tenerife, se volvió a transferir el vehículo a un nuevo propietario, la entidad Eventos Siete SL, vinculada también con Evaristo González Reyes, según la documentación encontrada en el registro de su despacho profesional. Volkswagen Finance SA nunca cobró los 46.183 euros que aún quedaban pendientes, la cantidad que la Fiscalía pide que devuelvan los cuatro acusados implicados en la estafa. Para cada uno de ellos, el Ministerio Público solicita tres años de cárcel por este delito.
Otro de los asuntos que forman parte del escrito de acusación de la Fiscalía está relacionado con el antiguo Pub BB+, un bar de copas del cuadrilátero lagunero que administraba el propio González Reyes. El empresario hizo creer a la compañía La Estrella que el incendió que tuvo lugar en el local el 15 de diciembre de 2009 fue fortuito, cuando en realidad fue provocado de manera intencionada. La aseguradora indemnizó al principal acusado con 126.165 euros, cantidad que el Ministerio Público pide que sea devuelta por el cabecilla de la trama, para el que solicita cinco años de cárcel.
En la fecha en la que se produjo el incendio, tal y como relata Anticorrupción, el pub había dado de baja la licencia municipal y carecía de actividad comercial, pese a lo que se “simuló estar en pleno auge” cuando las verdaderas intenciones del empresario eran las de cerrar el local.
Viaje a Atenas
Una de las estafas más llamativas del caso tiene que ver con la compra de unos billetes de avión entre Tenerife y Atenas, con escala en Madrid. Con motivo del viaje de un primo de Evaristo González y de su mujer, el acusado compró por duplicado los pasajes en la agencia de El Corte Inglés, con quien después se puso en contacto telefónicamente. En los pinchazos de la Policía Nacional se escucha cómo el empresario es informado de que puede beneficiarse del reembolso de los billetes si presenta un informe médico de uno de los pasajeros.
Guiado de nuevo “por el ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito”, Evaristo González se puso en contacto con dos médicos del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, para conseguir un parte de ingreso hospitalario a nombre de su primo. El acusado logró un documento firmado a nombre de uno de los doctores, pero el informe pericial no pudo atribuir la autoría de la caligrafía al profesional sanitario, que además se encontraba de vacaciones en la fecha de los hechos, según informó el propio Hospital durante la instrucción.
Lo cierto es que el parte falso sirvió para que Evaristo González lograra que Viajes El Corte Inglés le devolviera los 898 euros de los billetes aéreos. Aunque la empresa no ha reclamado una indemnización, la Fiscalía considera probado el delito de estafa y pide dos años de cárcel para el abogado lagunero.
La última de las estafas detectadas por Anticorrupción hace referencia a una operación en la que Evaristo González Reyes adquirió diferentes objetos de valor a dos particulares, que acudieron a su despacho después de que el abogado les hiciese creer que se dedicaba a la compra de antigüedades.
Confiados de la palabra de González Reyes, los afectados dejaron en el despacho del empresario un lote de piezas de marfil, así como objetos de oro y plata de gran valor para que el acusado las valorase y les hiciese una oferta. Aunque inicialmente llamó a ambos por teléfono para asegurarles que compraría el lote de piezas de marfil por 250.000 euros y el resto de antigüedades por 150.000 euros, el cabecilla de la trama nunca entregó el dinero ni le devolvió los objetos a sus dueños.
La Agencia Tributaria valoró las piezas de marfil en 29.112 euros, mientras que el resto de objetos tiene que ser tasado antes de la celebración del juicio. La Fiscalía reclama que Evaristo González devuelva a los afectados la cantidad que sea determinada por los especialistas y una condena de dos años de cárcel por cada uno de los dos delitos de estafa.
Testigos falsos
Además de las estafas que Anticorrupción considera probadas, el Ministerio Público acusa a Evaristo González Reyes y a tres de sus colaboradores por delitos de falso testimonio y presentación de testigos falsos. Los hechos están relacionados con unas pintadas en las puertas del garaje de la vivienda de una vecina de Tacoronte. 

La afectada por las pintadas denunció ante la Guardia Civil a dos amigos de su hija como autores del acto vandálico. La vecina de Tacoronte aseguró que tenía un testigo de los hechos, que resultó ser una persona a quien Evaristo González Reyes y un compañero de su despacho habían acordado “presentar como testigo falso” de los grafitis, según consta en las intervenciones telefónicas que se llevaron a cabo durante la instrucción. Los dos jóvenes fueron condenados.
La Fiscalía recuerda que la sentencia “tuvo en cuenta” el falso testimonio del testigo propuesto por los abogados acusados y pide para el letrado Tomás Lorenzo García la pena de 20 meses de cárcel y la inhabilitación para ejercer profesionalmente durante dos años y seis meses. Para Evaristo González y los otros dos acusados reclama un año de prisión.
El caso Corredor aborda su recta final ocho años después de que la causa viera la luz. Desde 2010, por la instrucción han pasado, al menos, cinco jueces distintos, lo que demuestra la complejidad de un procedimiento que, por si fuera poco, ha sido dinamitado una y otra vez por los numerosos recursos presentados por Evaristo González Reyes. El considerado el cerebro de la trama fue detenido y encarcelado de forma provisional en febrero de 2012. Salió de prisión tres meses después, tras convencer a la Fiscalía de que no existía riesgo de fuga.
Desde entonces, su intención de torpedear la investigación a base de insistentes recursos, suya fue la estrategia jurídica que llevó a la anulación de meses de escuchas telefónicas, sirvió para que una parte importante de las imputaciones que arrastraba se quedaran por el camino. De lo que no se ha librado es de los siete delitos por los que la Fiscalía pide una pena de 16 años de cárcel.
Junto a González Reyes se sentarán en el banquillo de los acusados Tomás Lorenzo García, abogado con el que compartía despacho profesional; su secretaria, Yolanda María Geara; así como el resto de colaboradores señalados por la Fiscalía: María Jesús Rodríguez, Juan Carlos Alonso, Fabián Echeverry, Israel Barreto, Juan Carlos Martín y Mercedes Noda.