Una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, a la que ha tenido acceso mirametv.com, pone en el centro de la sospecha la gestión del área de Carreteras del Cabildo de Tenerife entre los años 2007 y 2011. El Ministerio Público investiga al funcionario Miguel Pintor Sepúlveda por presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía calcula en unos dos millones de euros la presunta malversación cometida por el exjefe del servicio técnico de Conservación y Explotación de Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife. Bajo la lupa de Anticorrupción se encuentran contratos que se pagaron por partida doble, adjudicaciones de obras sin la licitación obligatoria y el pago por servicios que nunca se realizaron. Las empresas que supuestamente se habrían beneficiado de las actuaciones del funcionario de la Corporación insular son Traysesa, propiedad de Miguel Concepción, presidente del Club Deportivo Tenerife; Señalizaciones Villar e Indra Sistemas.
Uno de los expedientes investigados está vinculado con el mantenimiento, vigilancia y conservación de la autopista TF-1. Según el escrito del Ministerio Público, el Cabildo habría pagado dos veces por el mismo servicio a la empresa Traysesa. En total,más de 414.000 euros que de forma presuntamente ilegal se abonaron a la sociedad de Miguel Concepción. En este caso, el propio Pintor Sepúlveda reconoció los hechos cuando fueron detectados por los controles de fiscalización del Cabildo, para lo que propuso una contrapartida que la Fiscalía considera insuficiente porque no contempló “la devolución en metálico con los intereses correspondientes”.
Lo más llamativo es que en la denuncia también se alude a un correo electrónico de la propia entidad en el que se hace referencia a una cifra aun mayor por el mismo concepto: 703.905 euros. La fiscal jefe de Anticorrupción, María Farnés, llega a la conclusión de que “al parecer” esa cuantía “fue abonada indebidamente a Traysesa, lo que evidencia una gestión al margen del contrato oficial”, para lo que se ingresaban “cantidades en exceso, incluyendo certificaciones de obra actuaciones no prestadas o que no deben ser abonadas”.
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