La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife presentó el pasado mes de julio una denuncia en los Juzgados por presuntas ilegalidades detectadas en la gestión de la Consejería de Carreteras del Cabildo entre los años 2007 y 2011, según informaron fuentes oficiales del Ministerio Público. Las diligencias abiertas ya han sido notificada a las partes, como confirmaron este lunes a mirametv.com los Servicios Jurídicos de la Corporación insular.
Tras nueve meses de investigación, la Fiscalía abre ahora con su denuncia una nueva causa penal que tiene en el punto de mira las decisiones que se adoptaron en el área de Carreteras entre los años 2007 y 2011. Según fuentes consultadas, en el escrito se apunta directamente a la gestión del exjefe de Servicio Miguel Pintor Sepúlveda. En aquel mandato, la Consejería estaba en manos de Vicenta Díaz (PP), ya fallecida, que estuvo la mayor parte del tiempo de baja médica. La enfermedad de la exalcaldesa de Güímar llevó a que la responsabilidad política recayera principalmente en la entonces directora insular del departamento, Ofelia Manjón (CC), en la actualidad al frente de Coordinación y Desarrollo de Proyectos Estratégicos del Cabildo.
Las presuntas ilegalidades fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía tras la elaboración por parte de los Servicios Jurídicos del Cabildo de un expediente de información reservada, que se inició tras la llegada a la Consejería del socialista José Luis Delgado, nuevo director general de Infraestructuras Viarias del Gobierno de Canarias. Durante su gestión, y tras descubrir supuestas irregularidades en algunas de las adjudicaciones que se habían realizado en el anterior mandato, Delgado tuvo duros enfrentamientos con Ofelia Manjón y con el propio Miguel Pintor Sepúlveda, al que incluso se le llegó a abrir un expediente disciplinario. Ambos fueron trasladados a otros departamentos por las discrepancias con el consejero del PSOE.
Pero no fue Delgado el primero en destapar la caja de los truenos. Antes de su muerte, Vicenta Díaz escribió una carta pública en la que daba cuenta de las presuntas ilegalidades que había descubierto en el área de Carreteras. Aunque su intención era que la misiva fuera leída en el pleno del Cabildo, su partido lo impidió a última hora y salvó los muebles al por entonces presidente, Ricardo Melchior. Los responsables de la Corporación insular llevaron el escrito de la exconsejera del PP a la Fiscalía para que investigase si se había cometido un delito de calumnias, pero el Ministerio Público archivó la solicitud.
Pagos y sobrecostes injustificados
La suerte ha sido distinta tras la decisión de los Servicios Jurídicos del Cabildo de llevar los hechos destapados en el expediente de información reservada a la Fiscalía. El Ministerio Público ha detectado indicios de delito tras casi un año de investigación en la que se ha tomado testimonio a gran parte de los responsables de la Consejería de Carreteras entre 2007 y 2011. El escrito de los abogados de la Corporación insular ya puso de manifiesto en octubre de 2014 la existencia de 17 millones de euros en facturas sin justificar y en gastos no autorizados.
En una entrevista concedida por José Luis Delgado al programa de Mírame TV Tenerife al Día, cuando todavía era consejero de Carreteras del Cabildo, el actual director general del Gobierno de Canarias reconoció que tiene “todas las pruebas” para demostrar que “al menos un concurso público fue manipulado”. En aquel momento, justo a las puertas de las pasadas elecciones locales de mayo, el político socialista ya alertó de que “las cosas que están en Fiscalía están porque tienen suficiente entidad y suficiente contundencia”.
Aunque hasta el momento no ha trascendido el contenido íntegro de la denuncia de la Fiscalía, que ha llevado con suma discreción las pesquisas, algunas de las presuntas ilegalidades investigadas han saltado a la luz pública en el último año. Es el caso de la obra del enlace de San Isidro y la conexión con la autopista TF-1, que adelantó mirametv.com, en la que se produjo un sobrecoste injustificado de 4,5 millones de euros. A pesar de las advertencias de los técnicos, que pidieron que se paralizaran las actuaciones, la Consejería de Carreteras decidió que la UTE que formaban Acciona y Construcciones Darias continuase los trabajos pese a que nunca se llegó a aprobar un proyecto modificado que justificase el aumento del coste de la obra, que se adjudicó por 8,5 millones y se liquidó por 14,2 millones. El interventor alertó de las irregularidades en un informe elaborado en 2012, en el que también denunciaba que la vía se puso en servicio sin que se hubieran llevado a cabo los trámites necesarios para su recepción por parte del Cabildo.
No fueron estas las únicas presuntas ilegalidades que detectó la Intervención General de la Corporación insular. En otro informe, el órgano fiscalizador desveló que desde Carreteras se autorizó el pago de 251.327 euros a la empresa Señalizaciones Villar entre los años 2008 y 2010 por unos servicios que “real y materialmente no se habían estado ejecutando por el contratista”. Los hechos están relacionados con el traslado, el 1 de octubre de 2008, del Centro de Control de Túneles de Tres de Mayo al Intercambiador. El interventor alertó entonces de que la entidad se benefició de diferentes cobros “sin seguir el procedimiento legalmente establecido”.
Otro hecho investigado por la Fiscalía en el último año, y que ha dado pie a la denuncia presentada, es la supuesta doble financiación de algunas obras, como el propio túnel de la avenida de Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife, o la ampliación de la autopista TF-1 desde la capital hasta el municipio de Güímar.
La noticia de la denuncia de la Fiscalía llega justo en medio de la batalla política desatada entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a raíz de la reclamación por parte del presidente de la Isla, Carlos Alonso, de 15 millones para continuar con las obras del cierre del anillo insular. El dirigente de CC ha amenazado al PSOE con romper el pacto si no llega el dinero. Los socialistas llevan la gestión de la Consejería de Obras Públicas en el Ejecutivo regional, en manos de Ornella Chacón.