El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha ofrecido este martes “colaboración plena” de la corporación a la Justicia tras conocerse que la Fiscalía Provincial ha presentado una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión del área de Carreteras entre 2007 y 2011 -tal y como ha adelantado Mírame Televisión-.
En declaraciones a los periodistas a la salida de una reunión con la consejera regional de Obras Públicas, Ornella Chacón, para desbloquear la construcción del anillo insular, ha recordado que la investigación se inició a instancias del Cabildo, por lo que, dijo, la institución queda “a disposición del juez” para aclarar lo que se estime conveniente.
Precisamente, este martes el grupo de Podemos en el Cabildo ha solicitado formalmente el acceso al expediente de investigación llevado a cabo en la corporación sobre presuntas irregularidades cometidas en la contratación de numerosas obras públicas durante el mandato 2007-2011 y que ha terminado desencadenando una denuncia penal de Fiscalía por el supuesto gasto irregular de al menos 17 millones de euros.
“El asunto es suficientemente grave como para que el gobierno insular de CC-PSOE actúe con transparencia poniendo al alcance de todos los grupos políticos de esta corporación y de la ciudadanía en general toda la información necesaria para saber cuáles son exactamente las irregularidades, cuantía y posibles responsabilidades cometidas en la gestión de los fondos públicos”, explica en un comunicado el portavoz, Fernando Sabaté.
“Exceso de celo”, dice Sabaté
En esa línea, añade que “el exceso de celo oscurantista” mostrado por los gobernantes insulares en torno a este escándalo “solo ayuda a aumentar las sospechas contra la forma de gestionar los fondos públicos en esta administración, especialmente teniendo en cuenta que el escándalo en la contratación de obras viarias viene coleando desde 2011, que las deficiencias viarias de la isla figuran entre las principales preocupaciones de la ciudadanía tinerfeña y que, sin embargo, lo poco que ha trascendido sobre las mismas ha sido gracias a la labor de investigación de los periodistas”.
Según Podemos, “este escándalo apunta a posibles delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación, salpica al menos a dos presidentes insulares y sus equipos de gobierno, a una directora general y a un funcionario, y ni siquiera se sabe exactamente de qué se les acusa, por qué ni si la corporación ha adoptado medidas, lo cual proyecta a la opinión pública que hay mayor interés en salvaguardar sus intereses que los de la ciudadanía”.