La Fiscalía pide 8 años de inhabilitación para el socialista Aurelio Abreu por adjudicar a dedo cuando era alcalde un contrato de 270.000 euros

La Fiscalía Provincial ha pedido la apertura de juicio oral contra el actual vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu (del PSOE), y el funcionario Francisco Javier Bardón Pérez por sendos delitos de prevaricación administrativa al adjudicar a dedo en 2006 un contrato público dotado con 272.000 euros, este para la redacción del proyecto de una residencia de discapacitados en Buenavista del Norte. Ocurrió cuando el primero era alcalde de Buenavista del Norte, y el segundo, secretario interventor del Ayuntamiento.

El fiscal Jonay Socas Pérez (que a Bardón le atribuye la prevaricación por omisión) solicita para ambos acusados una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como el pago de las costas procesales a partes iguales.

El escrito, adelantado este martes por La Opinión de Tenerife y al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, está  fechado el 15 de agosto pasado y dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Icod de los Vinos, el que tramita diligencias previas en relación con esta denuncia presentada por Sí Se Puede en Buenavista del Norte.

La Fiscalía expone que Abreu celebró un contrato con la sociedad Cuende y Gutiérrez Asociados, SL (de la que formaba parte Ramiro Cuende, quien llegó a ser concejal del PSOE en la capital tinerfeña), “con clamorosa y deliberada elusión de la normativa de contratación administrativa, que por su cargo no podía desconocer, y que imponía, dada la cuantía del contrato, la puesta en marcha de un procedimiento de licitación pública”. Este trámite legal se obvió “con el propósito de encomendar la redacción de dicho proyecto a unos determinados arquitectos, con exclusión de cualquier otro”.

El contrato consistía en la realización del proyecto básico y de ejecución (por lo que se abonaron finalmente 160.000 euros) y la dirección de la obra (por la que se hubieran pagado 90.000 euros, de haberse ejecutado).

A su vez, el fiscal sostiene que Bardón Pérez, al fiscalizar el abono de esos 160.000 euros, “omitió deliberadamente el cumplimiento de tal obligación, inherente a su cargo de secretario interventor [a la fecha de estos hechos], de formular reparo, advirtiendo de la flagrante y grosera ilegalidad del pago que se pretendía ordenar”.

Esa conducta, según la Fiscalía, adoptó el funcionario “con el ánimo de facilitar tal propósito” supuestamente ilícito y “con conocimiento” de la intención que tenía Abreu de encomendar la realización del proyecto a Cuende y Gutiérrez, SL, “de un modo directo, con incumplimiento deliberado de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa y vulneración de lo principios de libertad de acceso a las licitaciones con publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores”.

Para esta residencia, el Ayuntamiento, entonces gobernado por los socialistas, había recibido una subvención de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, por importe de 162.000 euros.

El fiscal interesa además que en el juicio oral, aparte del interrogatorio a los acusados, declaren siete testigos: el exalcalde Antonio José González Fortes (de Sí Se Puede) y el propio Ramiro Cuende Tascón, así como María del Carmen Martín González, Juan Fernando Díaz Cejas, María Francisco Abreu Acevedo y Víctor Manuel Lorenzo Lorenzo (exalcalde socialista en Buenavista del Norte).