Cuatro meses de investigación le han bastado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife para confirmar la existencia de indicios de presunta corrupción en el NAP, una empresa pública del Cabildo donde se llegaron a dilapidar más de 12 millones de euros para salvar de un negocio ruinoso a un grupo de empresarios, tal y como denunció en marzo la actual consejera delegada del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), Elena Rodríguez.
El Ministerio Público presentó el pasado 12 de julio una denuncia en el Juzgado de Instrucción Decano de Granadilla de Abona por la presunta comisión de delitos continuados de malversación de fondos públicos y prevaricación en la gestión de la sociedad NAP de África Occidental-Islas Canarias y pide la declaración en calidad de investigados de las 14 personas que componían el Consejo de Administración del ITER. La Fiscalía también solicita la citación como testigos de 38 inversores privados, según publica Mírame TV.
Las 14 personas que formaban el Consejo de Administración del ITER, que adoptó las distintas decisiones que provocaron que el rescate financiero del NAP fuera asumido de manera íntegra por la parte pública, son las siguientes: los expresidentes del Cabildo Ricardo Melchior y Carlos Alonso, ambos de Coalición Canaria (CC); el exvicepresidente insular Aurelio Abreu (PSOE); el actual viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez (PSOE); el exdirector-gerente del ITER, Manuel Cendagorta; el expresidente de CajaCanarias Álvaro Arvelo; la actual consejera delegada de la entidad INtech Tenerife, Raquel Lucía Pérez Brito; el anterior rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech; el exconsejero delegado del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) Nicolás Díaz; los exconsejeros insulares Antonio García Marichal (CC), Magaliz López García (CC) y Jesús Morales (CC); el exconcejal de Urbanismo de Granadilla Esteban González (PP); y el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Francisco Sánchez.
Tendrá que ser ahora, con la apertura de diligencias previas, cuando se determine el presunto grado de responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración del ITER en la toma de las decisiones que la Fiscalía considera que pueden ser delictivas, ya que muchas de las personas que tendrán que declarar como investigados jugaban un papel secundario dentro de la entidad; frente a otros que tenían un rol más decisivo, como el propio Ricardo Melchior o Manuel Cendagorta.
La denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ratifica de forma íntegra el escrito presentado por la actual consejera delegada del ITER. Concluye el Ministerio Público que las decisiones se adoptaron a sabiendas de la falta de viabilidad económica de las operaciones realizadas y el perjuicio que causaban, lo que a su vez conllevó que las arcas públicas asumieran todo el riesgo financiero de los inversores privados.
NAP de África Occidental-Islas Canarias SA fue constituida el 28 de abril de 2006 gracias a una aportación de un millón de euros por parte del ITER, empresa pública del Cabildo de Tenerife, que le permitía poseer el 47% de la entidad. El resto del dinero, 1,1 millones de euros, fue aportado por una docena de empresarios privados. Entre los inversores particulares figuraban cinco accionistas del CD Tenerife: José Ana Pérez Labajos, investigado en la pieza canaria del caso Fórum; Pedro Suárez, a través de Gomasper; Manuel Dharandas, mediante la participación de Obras y Servicios Daltre; Juan José Fuentes Tabares; y José Luis Pérez Suárez, representante de Tenyval.
A partir de entonces se puso en marcha una presunta trama que llevó al NAP a realizar diferentes operaciones que provocaron un agujero financiero que fue cubierto gracias a las actuaciones adoptadas por el ITER. Se compraron unos terrenos en Geneto a una promotora vinculada al CD Tenerife para construir un edificio que finalmente acabó en Granadilla. Se concedieron continuos préstamos para cubrir la deuda de la empresa, sin que los inversores privados pusieran ni un céntimo de su bolsillo. Y hasta se rescató al NAP en 2012, cuando ya se encontraba en causa de disolución, mediante su absorción por el ITER, que compró o canjeó todas las acciones a su valor nominal, a pesar de la devaluación que habían sufrido.
Un perjuicio que inicialmente se valora en más de 12 millones de euros, pero que la fiscal quiere acreditar de manera precisa, para lo que también solicita al Juzgado que se realice una prueba pericial que ofrezca una cifra exacta del daño ocasionado al ITER. Ahora comienza una instrucción que se prevé compleja, dada la cantidad de documentación que obra en la causa y el elevado número de implicados, y que conllevará la toma de declaración a más de 50 personas, entre investigados y testigos.
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