Globalia, empresa titular de la compañía Air Europa, deberá abonar 22,7 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por el fraude en las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Fomento para sufragar los billetes de residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, después de que la Audiencia Nacional haya corregido la sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Madrid, en la que solo se le imponía una multa de 7,67 millones de euros.
En dicha sentencia, emitida el 14 de febrero de este año, no se contemplaba el concepto de responsabilidad civil, lo que llevó al abogado del Estado a solicitar la rectificación del fallo. Entonces solo se le imponía a la compañía una multa de 7,67 millones de euros.
En el auto de aclaración, emitido el 10 de abril, se condena a Globalia a abonar 22,7 millones de euros por responsabilidad civil, de los que 19,1 millones de euros corresponden a capital principal y 3,6 millones de euros a intereses. Esta cantidad se añade a la multa ya impuesta.
Además de la sanción de 7,67 millones de euros -1,9 millones menos que lo reclamado por la Fiscalía-, se establecía también la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de subvenciones o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante diez meses, aparte del pago de costas, incluidas las de la acusación particular.
Esas cantidades suman la cuantía de algo más de 30,4 millones de euros. Globalia ya había depositado en el juzgado una cantidad similar (30,37 millones) para garantizar la responsabilidad que pudiera derivarse de la investigación de la causa, por lo que previsiblemente quedaría liquidado.
El Juzgado de lo Penal Nº 1 de Madrid condenó al grupo turístico al considerar probado que se produjeron algunas prácticas que llevaron a presentar liquidaciones a Fomento “por encima de lo cobrado al pasajero”, de modo que existían billetes aéreos abonados por la Administración por una cuantía superior a la legalmente establecida (subvención del 50% en el caso canario).
En concreto, se constató la realización de contratos de intercambio de publicidad y descuentos a grupos de aficionados y particulares que luego “no se vieron deducidos debidamente en las certificaciones de bonificación presentadas mensualmente a Fomento, logrando un lucro por parte de la entidades del grupo Globalia”.