El jefe de grupo de la Guardia Civil que ha investigado la existencia de una supuesta trama de sobornos en la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife ha dicho este miércoles que han constatado que una pareja solucionó en una semana lo que no había logrado durante tres años.
Este agente, que es jefe de grupo de la lucha contra la corrupción, ha declarado en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que esa pareja intentó solucionar un problema durante tres años, incluso por medio de una notaría, pero lo consiguió en una semana tras pagar 2.400 euros.
En esta caso, hay acusadas 14 personas, de las que una está en busca y captura, y supuestamente formaban parte de un grupo que cobraba por resolver de forma rápida expedientes.
El Ministerio Fiscal pide una pena de prisión de nueve años para estas personas, mientras que la abogada del Estado reclama 16 años, y entre los acusados hay dos funcionarios del catastro, mientras que otros trabajan en algunos casos como agentes inmobiliarios o de seguros y en una notaría.
Los investigadores creen que también alteraban la titularidad de parcelas, tanto de personas vivas como recién fallecidas y modificaban superficies y trazados.
El agente que ha declarado este miércoles ha explicado que si bien hubo una denuncia interna de la Dirección General del Catastro había un expediente anterior que afectaba a diecisiete expedientes, y ha indicado que en ellos están relacionados Jesús D. D., jefe de Planificación Informática en el catastro, y Manuel A. S. H., que trabajaba en una notaría de La Laguna.
Ha explicado que durante el registro del domicilio de Jesús D. D. y Paloma C. I., jefa de Planificación Urbanística del Catastro, que también está acusada, los agentes encontraron documentación catastral, una agenda con números de expedientes y anotaciones de pagado, además de un ordenador conectado a un disco duro con archivos que era copia de seguridad del catastro.
Otra hallazgo durante la investigación ha sido un expediente en el que, ha indicado el agente, figuran los porcentajes de reparto, que serían del 50% para Jesús D. D. y el otro 50% para el sobrino de éste, Santiago C. D. M., si bien un 10% de este sería para Manuel A. S. H.
Este miércoles ha concluido la declaración de los acusados, después de que el lunes lo hiciesen Jesús D. D. y Paloma C. I., y el martes Santiago C. D. M., que trabaja en una compañía de seguros y es hermano de Alberto, quien está en busca y captura, así como Manuel A. S. H., quien trabajaba como oficial en una notaría de La Laguna.
Durante la mañana de este miércoles han declarado Guzmán V. T., que trabaja como electricista y fontanero en La Gomera, donde también lleva los seguros de decesos de una compañía aseguradora y quien ha asegurado que nunca ha cobrado por realizar tareas relacionadas con los trabajos que realizaba Santiago C. D. M.
Además, este miércoles ha declarado Juan José R. D. que realiza gestiones ante los organismos públicos, y quien ha dicho que para solucionar un problema que tenía en Arico con una finca de su padre acudió a la notaría en la que trabajaba Manuel A. S. H. y ha añadido que éste pidió que firmase en una instancia con las casillas en blanco.
Tras firmar, Manuel A.S.H. le solicitó 500 euros, por lo que Juan José R. D. reclamó una factura pero la respuesta fue que no porque “la persona que lo hará no da factura”, y ha comentado que cuando supo del despido de esta persona de la notaría “porque hacía trapiches”, según le dijeron, recibió una llamada para que siguiese la colaboración pero se negó.
Manuel M. N., que tiene una consultoría financiera en Tenerife ha sido otro de los acusado que han declarado este miércoles y quien ha señalado que en una ocasión y para los trámites de un amigo suyo recibió un correo electrónico de Santiago C. D. M. para que abonasen 600 euros, a lo que se negó,
Manuel ha asegurado que fue con su amigo al catastro y allí les dijeron que faltaba documentación por cumplimentar y solucionaron el problema.
La aparejadora Sandra M. M. G. ha respondido solo a las preguntas de su abogado y no ha reconocido como suyo un correo electrónico en el que se habla de acelerar los trámites, mientras que Daniel D. M. C., trabajador de banca en La Gomera, ha destacado que Santiago C. D. M. nunca le habló de agilizar los trámites ni que tenía un contacto en el catastro.
Manuel A. S. N. e Ignacio F. C. se han negado a declarar, y Damián J. R. S ha respondido solo a las preguntas de su abogado, mientras que Peter N. lo ha hecho a las de la abogada del Estado y a su abogada y ha dicho que Alberto J. D. M. le solucionó unos trámites, pero no otros, por los que había pagado 500 euros.